El Colegio de la Abogacía de León se adhiere a las demandas del Consejo General de la Abogacía Española, la entidad representativa, coordinadora y ejecutiva de los 83 Colegios de Abogados de España. Exige una compensación justa para aquellos que hacen posible el sistema de asistencia legal gratuita.
Tras meses de negociaciones con el Ministerio de Justicia en los que se ha debatido la actualización de los baremos de la Asistencia Jurídica Gratuita, desde la abogacía consideran “impresentable” la propuesta de subida lineal del cinco por ciento al baremo actual; un porcentaje “pírrico” que no cubre ni un tercio de la evolución de los precios, con un IPC (Índice de Precios al Consumo) de los últimos cinco años que sobrepasa el 17%.
El decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes, exige al Ministerio de Justicia voluntad y presupuesto económico para garantizar unas retribuciones justas y dignas para todos los profesionales del Turno de Oficio del denominado Territorio Ministerio, más de 300 colegiados en la provincia de León.
Desde los Colegios se pide al Ministerio una actualización de las cuantías, además de una retribución para los servicios que están prestando los profesionales sin percibir ingreso alguno por ello.
Según lo declarado en el comunicado emitido por el Consejo General de la Abogacía Española, se ha instado al Ministerio en repetidas ocasiones a reconocer el pago de todas las actuaciones llevadas a cabo por los abogados designados por los colegios de abogados para la defensa en casos judiciales, incluso cuando el beneficiario no es titular de la asistencia legal gratuita, como en el caso de defensa penal de personas jurídicas. Este reconocimiento debe aplicarse retroactivamente a las actuaciones realizadas en los últimos años.
La Abogacía no acepta que los baremos establecidos sean un marco abierto para la prestación de servicios, pero al mismo tiempo, un marco cerrado para el pago de los mismos. Por lo tanto, el Consejo considera que todas las actuaciones realizadas por los abogados deben ser retribuidas, incluso si no están expresamente contempladas en los baremos actuales, como es el caso de ejecuciones, ejecuciones hipotecarias, recursos o incidentes, por mencionar algunos ejemplos.
Además, se resalta la importancia de aumentar el número de abogados asignados a las guardias de asistencia a víctimas de violencia de género, especialmente en regiones con una baja densidad de población, donde los desplazamientos son complicados y largos, lo que dificulta la prestación de asistencia de manera inmediata. Este mismo enfoque debe aplicarse a las guardias de asistencia letrada a detenidos y juicios rápidos.
Por una cuestión de sentido común, añaden, también es preciso que se abonen los gastos de desplazamiento a los letrados y letradas que realizan las guardias de asistencia al detenido y juicios rápidos, en especial en la llamada España vaciada. Actualmente se están produciendo situaciones de desigualdad, pues el compañero o compañera que asiste a la víctima de violencia de género cobra estos gastos, pero no el que asiste al detenido o imputado, habiendo realizado el mismo desplazamiento.
Sobre la estructura y prestación de los servicios, el Consejo considera que debe establecerse un servicio de guardia presencial en la Oficina de la Víctima, en el servicio de guardia para víctimas menores de edad, en el servicio de guardia para los migrantes y para las víctimas de trata.
Por último, el Ministerio debe asumir el pago de los gastos de infraestructura a los Colegios de la Abogacía de todos los expedientes tramitados, con independencia de que concluyan por archivo o por resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.