El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha llevado al Ayuntamiento de Astorga ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo reclamando 1.023.466 euros por las obras de emergencia realizadas en el paso superior de la carretera N-120 sobre la línea ferroviaria León-La Coruña (L-800) en 2023.
El consistorio maragato informó este martes en un comunicado de la gravedad de la situación, advirtiendo que la demanda podría tener un impacto significativo en las arcas municipales. Ante ello, se ha convocado un pleno extraordinario para el próximo viernes 13 de marzo a las 13:00 horas, en el que se abordarán las posibles repercusiones de este proceso judicial.
Los antecedentes de la reclamación se remontan a enero de 2023, cuando ADIF advirtió al Ayuntamiento, a través del entonces concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis de la Iglesia, sobre el deficiente estado de conservación del paso superior y la necesidad de adoptar medidas de seguridad inmediatas. Ante la falta de medios técnicos municipales, el consistorio decidió contratar a un ingeniero de caminos para evaluar la infraestructura.
El 3 de febrero de 2023, ADIF volvió a alertar del riesgo existente tanto para el tráfico rodado como para la circulación ferroviaria, recomendando incluso el corte total del tráfico en el vial afectado. Ante la urgencia, el organismo ferroviario inició un procedimiento de emergencia para ejecutar las obras necesarias.
El 24 de junio de 2023, el Boletín Oficial del Estado publicó el procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad y por vía de urgencia, con un presupuesto aproximado de 1,1 millones de euros. Tras casi dos meses de trabajos, el paso superior volvió a estar en servicio el 5 de diciembre de 2023.
Sin embargo, más de un año después, el 20 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento recibió la reclamación formal de ADIF por más de un millón de euros en concepto de “obras de emergencia”. La petición fue reiterada el 22 de septiembre de 2025, pero la secretaria municipal advirtió que no existía expediente de contratación, encargo formal ni convenio que justificara la emisión de la factura al consistorio.
Finalmente, en marzo de 2026, ADIF formalizó la demanda ante los tribunales, iniciando un procedimiento judicial que tendrá que determinar si el Ayuntamiento de Astorga debe asumir el coste de las obras de emergencia, que hasta la fecha se consideraban responsabilidad del Ministerio de Fomento.
El pleno extraordinario del viernes será clave para que el Ayuntamiento defina su estrategia frente a esta reclamación millonaria que ha generado preocupación entre los responsables municipales y la ciudadanía.
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