El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro contra la licencia de obras vinculada al proyecto de la Red de Calor de León, que contempla la instalación de cerca de 30 kilómetros de tuberías por distintas calles de la ciudad.
Según han informado ambas asociaciones, el juzgado ha dictado un decreto en el que requiere al Ayuntamiento de León la entrega del expediente completo en un plazo improrrogable de veinte días hábiles con el objetivo de revisar la legalidad de los permisos concedidos.
Los colectivos vecinales consideran que esta rápida actuación judicial supone un paso importante en su intento de paralizar un proyecto que califican de “obsoleto” y que, aseguran, incumple normativa ambiental y urbanística.
Asimismo, denuncian que el alcalde de León “continúa ocultando la tramitación del proyecto” tanto a los afectados como a las entidades vecinales implicadas. En este sentido, advierten de que la iniciativa podría derivar en una situación similar al “desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, una infraestructura que, recuerdan, acumula varias sentencias condenatorias y permaneció paralizada durante años.
Las asociaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía leonesa para “no rendirse a la política de hechos consumados de la Junta y el Ayuntamiento” y rechazar un proyecto que, en su opinión, supondrá una “dilapidación de dinero público”.
Además, los vecinos han solicitado información sobre los impuestos y tasas que abonará SOMACYL por la ejecución de las obras. “Nos tememos que la opacidad en el acceso a la información es porque se pretende que esta empresa no pague ni tasas ni impuestos”, señalan desde las asociaciones.
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