Asaja critica que la Diputación de León haya dejado de prestar ayuda económica a agricultores y ganaderos por el análisis de tierras destinadas al cultivo, “sin dar explicaciones de los motivos, ni haber informado si volverá a prestar este servicio en un futuro”.
La última convocatoria de esta línea de ayudas se publicó en diciembre de 2022, extendiendo el servicio hasta el 21 de junio de 2023 y entonces se justificó el gasto en “la necesidad de poner a disposición de los agricultores una herramienta necesaria para el mantenimiento sostenible de la actividad agraria de sus explotaciones, así como contribuir a la mejora de las producciones agrícolas y de las condiciones medioambientales de la provincia de León”.
Los análisis de tierras se efectúan por parte de los agricultores al finalizar una cosecha y previo a las siembras de la siguiente y tienen como finalidad conocer el contenido en elementos minerales y otros nutrientes importantes para el crecimiento de las plantas y, en función de ello, determinar las dosis de abonado y enmiendas del suelo en general. Dado que la campaña de siembras de cultivos de secano ya ha pasado y que las siembras de regadío se harán en las próximas fechas, aún contando con que hubiera voluntad política de publicar de nuevo estas ayudas, ya llegarían tarde para la campaña agrícola 2023-2024, señala Asaja.
Asaja considera que esta medida de apoyo al sector es interesante, por el importe económico que supone y, sobre todo, porque incentiva a hacer análisis de suelos y consecuencia de ello un abonado más racional. Además, la intervención de una administración pública, como es en este caso la Diputación, hace que se fijen unos precios de referencia más bajos de los que se les cobran a los agricultores cuando lo contratan individualmente con los laboratorios acreditados para ello, detallan en un comunicado.
Asaja pide a la Diputación que retome este servicio de análisis y lo ponga en marcha, con tiempo suficiente, pensando ya en la campaña 2024/2025, que sea más sencillo de tramitar, que alcance al menos a todos los agricultores profesionales que lo pidan y que el número máximo de muestras sea superior a las cuatro que se contemplaban hasta ahora.