La Audiencia Provincial ratifica el sobreseimiento de la causa abierta contra Alicia Gallego y descarta indicios de prevaricación

La Audiencia Provincial de León archiva definitivamente la causa contra la alcaldesa de Santa María del Páramo y secretaria general de UPL, Alicia Gallego, al no apreciar indicios de delito en la actuación investigada.

28 de Mayo de 2026
Actualizado: 28 de Mayo de 2026 a las 13:11
Alicia Gallego, secretaria general de UPL y alcaldesa de Santa María del Páramo | Peio García / ICAL

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León confirmó íntegramente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa seguida contra la alcaldesa de Santa María del Páramo y actual secretaria general de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, desestimando el recurso presentado por la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León y concluyendo que no existen elementos suficientes para mantener la acusación penal.

En un comunicado emitido por la formación y recogido por Ical, los leonesistas explicaron que la asociación había presentado un recurso de apelación frente al auto de sobreseimiento dictado por la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza-León en enero de 2025, cuyo origen se sitúa en la denuncia presentada el 6 de noviembre de 2018 por los tres vigilantes municipales de Santa María del Páramo ante la Fiscalía de León, que la remitió al Juzgado de La Bañeza.

Foto de archivo de la Audiencia Provincial de León

 

Sin embargo, los leonesistas afirmaron que la Audiencia Provincial concluyó ahora “con claridad” que, tras la práctica de numerosas diligencias de investigación, “no concurren elementos suficientes para sostener la existencia de delito, ni de prevaricación ni de falsedad documental”. Además, recordó que la causa permaneció abierta durante cerca de seis años, que la anterior denuncia archivada de la misma asociación se remonta a ocho años, y que durante ese tiempo se practicaron abundantes diligencias de investigación, incluyendo documentación administrativa, informes oficiales y numerosas declaraciones testificales.

El texto también recoge que, a la luz de dichas diligencias, cabe “excluir la existencia de hechos susceptibles de calificación penal”, así como la ausencia de implicación de la denunciada, al tratarse de un posible conflicto profesional o personal entre las partes, vinculado a la acusación popular.

Así, para el instructor, “serían suficientes las diligencias de investigación practicadas, que permiten excluir la relevancia jurídico penal de los hechos”. Además, señaló que algunos de los hechos “podrían tratarse de meras facultades dentro del ejercicio de las labores del gobierno municipal”.

UPL consideró “relevante” que la resolución recoge la existencia de un contexto de conflicto previo entre las partes, al señalar que en las declaraciones testificales se apreciaban “ciertos motivos de enemistad” y una “mala relación”, vinculadas al conflicto abierto por la creación de un cuerpo de Policía Local y otras discrepancias en el funcionamiento municipal. Así, “la propia Sala concluye que el asunto responde más bien a un conflicto profesional e incluso personal, que a un relato penalmente consistente”.

Alicia Gallego, secretaria general de UPL y alcaldesa de Santa María del Páramo | Peio García / ICAL

 

Además, el tribunal recoge que la pretensión de creación de un cuerpo de Policía Local, en un contexto en el que solo existían vigilantes municipales, fue sometida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y resuelta en sentido desfavorable, quedando dicha posibilidad judicialmente descartada.

Por todo ello, la formación leonesista celebró que la resolución de la Audiencia Provincial de León “no solo archiva definitivamente la causa, sino que avala la actuación de Alicia Gallego frente a unas acusaciones que no han resistido el contraste judicial”. “En un contexto político donde durante años se ha intentado convertir una discrepancia administrativa y laboral en una imputación penal, el auto pone fin a una estrategia y devuelve el debate al terreno de la política municipal y la gestión pública”, concluyeron.

 

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