La Guardia Civil inició el pasado mes de diciembre la operación “Tendeña”, cuyo objetivo era investigar las circunstancias que rodearon la aparición de dos cadáveres de lobos en los montes de la localidad de Lois (León), tras haberse celebrado una cacería de jabalí autorizada.
Hay que tener en cuenta que el día 4 de febrero de 2021 la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural (Ministerio de Transición Ecológica) incluyó al lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, lo cual supone de facto la protección del lobo ibérico frente a la caza en toda España.
A lo largo de más de cuatro meses, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cistierna y en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de León, en unión de los Agentes Medioambientales y Celadores del Medio Ambiente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, han trabajado de forma coordinada para el esclarecimiento de estos hechos, cuya finalización ha dado resultado positivo al haber comprobado que cuatro individuos fueron presuntamente los responsables del abatimiento de varios lobos en los montes de Lois (León).
El desarrollo de las investigaciones presentó numerosas dificultades, pues se trataba de un grupo de cazadores muy cohesionado y bien organizado donde resultaba muy difícil obtener información sobre las circunstancias en las que se había desarrollado la cacería. No obstante, la investigación consiguió avanzar cuando, tras realizar varias inspecciones, se consiguió decomisar en una taxidermia de la provincia una cabeza de lobo cazada en dichas fechas en la batida celebrada.
Del resultado final de las gestiones practicadas, se tuvo conocimiento que cuatro cazadores presuntamente estaban relacionados con el abatimiento de los lobos, especie protegida por la actual normativa, por haber cometido un supuesto delito contra la protección a la fauna, regulado en el artículo 334 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
Se está a la espera del resultado de las pruebas balísticas que se están realizando a las armas decomisadas, cuyo estudio se está llevando a cabo por el Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Dichas armas se encuentran depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil. La operación continua, por lo que no se descartan más actuaciones.
Las diligencias instruidas, junto con las armas decomisadas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cistierna (León).
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