Comisiones Obreras León y Asturias exigieron este jueves al Gobierno central la supresión del peaje del Huerna, en la autopista AP-66, la “única vía rápida que une ambos territorios”, por la que pasan diariamente más de 10.000 usuarios, y que es “totalmente costoso, abusivo e injusto”, además de “estar declarado ilegal por Bruselas”.

A los pies de la entrada a dicho peaje en la localidad leonesa de La Magdalena, donde ambas organizaciones se concentraron este jueves, la secretaria general de CCOO León, Elena Blasco, criticó que, además, la vía “no deja de sufrir obras y retenciones que mantienen carriles cortados”, a pesar de lo que “no se reduce su coste”, de forma que los usuarios “están perdiendo tiempo y dinero”.
Para Blasco, los primeros protagonistas del asunto son los usuarios que “diariamente sufren las consecuencias”, aunque “la otra gran protagonista” es Aucalsa, la empresa concesionaria del peaje, que “se beneficia a costa de debilitar las economías familiares y de impedir el desarrollo económico y empresarial de ambos territorios” y que, según las estimaciones hechas por el sindicato, “podría seguir embolsándose hasta 26.000 millones de euros hasta 2050”, fecha en la que concluye la prórroga del contrato efectuada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, lo que llevó a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción al considerar que dicha ampliación pudo vulnerar la normativa comunitaria de contratación.
En tercer lugar, la líder de CCOO León situó a la administración central, a la que acusó de “no estar haciendo absolutamente nada”, ya que “no solamente no liberaliza el peaje”, sino que, además, “ni obliga a reducir el coste por las obras ni impone ninguna penalización a Aucalsa”.
“Un Gobierno del Partido Popular privatizó el peaje y uno del Partido Socialista se niega a rescatarlo, por lo que tan responsable es el que mata como el que tira de la manta”, criticó el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, quien detalló que el PP “puso en el 2000 las condiciones para dar un pelotazo a una empresa privada”, pero “el PSOE se niega a actuar para revertir un agravio a las comunidades autónomas menos favorecidas en materia de comunicaciones”.

En este sentido, Zapico denunció que Asturias y León “no son ni más ni menos que otros territorios”, por lo que reclamó “el mismo criterio para el conjunto del Estado” y que “se acabe con una situación de agravio” que lleva a ambos territorios a pagar “el tercer peaje más caro del país” que, además “ofrece un servicio lamentable y está siempre en unas condiciones paupérrimas”.
Después de que, además, la Comisión Europea dictaminara que el peaje se efectuó en el año 2000 “contrario a derecho europeo, porque incumplía las normas de igualdad de transparencia y de libre competencia”, el líder de CCOO Asturias pidió la “actuación rápida” del Gobierno central y solicitó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente que “se ponga al lado de los ciudadanos y no de una empresa que se está haciendo de oro a costa del bolsillo de los trabajadores”.
De igual forma, CCOO León y Asturias hicieron hoy un llamamiento a la sociedad civil, a todos los agentes económicos y sociales y a los responsables políticos del Principado de Asturias y de Castilla y León a “actuar y defender sus intereses legítimos”, mientras que la Alianza por la Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita ha establecido “un frente común en la vía judicial para que se declare nula la prórroga del peaje”.
Frente al “importante movimiento” que mantiene la parte asturiana de la autopista del Huerna, Elena Blasco lamentó hoy que la Junta de Castilla y León, a pesar de no poder tener intervención directa, “está teniendo una posición demasiado cómoda”, tal y como afirmó que ocurre con las organizaciones políticas, que “hablan de subvención o bonificación, pero en ningún caso de gratuidad”.














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