Después de más de dos décadas en las que el peaje de la AP-66 entre la provincia de León y Asturias ha estado en el punto de mira de los conductores, pero también de los Gobiernos. Ahora la Comisión Europea ha considerado ilegal la prórroga de 2000.
Según ha recogido el medio asturiaro, La Voz de Asturias, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha enviado una carta al Gobieno de España, concentramente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la que advierte al ejecutivo de la infracción que supone continuar con la concesión de la vía hasta el año 2050.
En dicha carta también se pone de manifiesto que esta concesión tuvo que haber finalizado en el año 2003, coincidiendo con la privatización de la autopista por el gobierno de José María Aznar. Betron pone el foco en la privatización de la empresa que gestiona la AP-9 y la AP-66, pues el proceso de venta de la empresa concesionaria no cumplió con los requisitos necesarios.
De hecho, el comisario explica que la prolongación del contrato no contó con un concurso público y ni con publicidad previa. Esto supone que ninguna otra sociedad pudo optar a la gestión de las autopistas, y la empresa que había comprado las concesiones se aprovechó de la prórroga del mismo. Algo que se habría solucionado con una licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Además, según la carta que recoge La Voz de Asturias, "la prórroga cambió el equilibrio económico del contrato en favor de la concesionaria", un segundo beneficio para la empresa privada. Los 29 años que se añadieron a la concesión AP-66 agregaron "más del 10% del valor de la concesión inicial", es decir, un valor de 6.000 millones.
El comisario hace hincapié en que cuando se llevó a cabo la prórroga, el Gobierno central decidió privatizar la gestión de las autopistas. "El verdadero objetivo de la prórroga de las concesiones de la AP-9 por veinticinco años y de la AP-66 por veintinueve era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable"
Por último, desde Bruselas, se han puesto sobre la mesa documentos del año 1999, en los que se avanzaba el proceso de venta de la empresa que gestiona las autopistas, lo que supone un periodo de tiempo superior a cuatro años antes de la provatización de las mismas.
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