Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad de los grupos la proposición no de ley presentada por UPL-Soria Ya para solicitar al Gobierno la supresión del peaje de la autopista AP-66 que une León y Asturias, pese a que el PP planteó una enmienda para extender la liberalización al resto de tramos con pago de la Comunidad.
En la presentación de la PNL, Luis Mariano Santos recordó que en 2021 ya presentaron una iniciativa similar para exigir al Gobierno la supresión del peaje entre León y Asturias, manifestó que la autopista está en el top de las tres más caras de España, consideró que liberaría de tráfico la N-630 que atraviesa el Puerto de Pajares y resumió que hay muchas variables para su petición.
Santos afirmó que en 2021 terminaba el plazo de la concesión del peaje que se amplió hasta 2050 y advirtió de que el procedimiento era irregular y así se ha visto con la penalización a España por la Comisión Europea. “La realidad es que mientras PP y PSOE han gobernado se han liberalizado muchos peajes”, sostuvo.
“Vuelvan a hacer ese ejercicio de responsabilidad aprobando por unanimidad está proposición no de ley”, concluyó su turno, en la que se pide suprimir el peaje de la autopista AP-66 que une León y Asturias, atendiendo a la ilegalidad de la prórroga de la última concesión que ha comunicado la Comisión Europea, y por ser esta la solución más conveniente para el territorio leonés.
A lo que se unió la propuesta del PSOE de “buscar la fórmula menos lesiva para los intereses del Estado”.
El popular Antonio Jaime Mendoza manifestó que es el único tramo de la Ruta de la Plata con peaje, añadió también el “abandono” de la N-625 que comunica con Asturias o la N-621 que une con Cantabria y sostuvo que la Junta siempre se ha pronunciado en contra de los peajes, a la vez que se remontó a Rodríguez Zapatero cuando dijo que se iba a “quitar” el peaje del Huerna.
Se dirigió a UPL para recordar que el BNG apoyó los PGE de Sánchez al introducir la bonificación total en el peaje de la AP-9 (Ferrol-frontera con Portugal) y se preguntó por qué la formación leonesista no hace lo mismo y se dirige al Gobierno.
Así, planteó una enmienda en la que se extiende la supresión de los peajes del resto de autovías que discurren por Castilla y León, como la AP-51 (Ávila); AP-6; AP-61 Segovia- AP-6; AP-6: Villalba-Adanero y AP-71 de León-Astorga, “por ser esta la solución más conveniente para los ciudadanos y empresas de Castilla y León”.
En nombre de Vox, María Luisa Calvo defendió la mejora de las comunicaciones sin que suponga un gasto adicional para los ciudadanos, recordó que han registrado una iniciativa en el Congreso para modificar la ley de carreteras y se manifestó de acuerdo con la petición de UPL pero pidió la extensión a otros peajes, en línea con la enmienda del PP. “Este sistema de pago de peajes es letal”, resumió en referencia, en especial, al mundo rural.
En el turno final, Santos enmarcó la extensión de la prórroga “para beneficiar a una persona” por parte del Gobierno de Aznar, expresó “la decepción” con Vox por sumarse a la enmienda del PP sin tener “su propia posición y no dejarse llevar para todo” por los ‘populares’ y aceptó el texto planteada por el Grupo Socialista, pero recordó que el Estado no es el PSOE, sino “todos”, aunque lamentó que no hayan traído a la Cámara algo de “optimismo hablando con Puente”.
“Hombre hay que trabajar un poco más y no traer la misma enmienda, aquí hay la apertura de un expediente por parte de Europa”, afeó el leonesista al procurador del PP, a quien recordó que la AP-71 no tiene nada que ver con la propuesta de la PNL. Santos, que no aceptó la enmienda, se enfadó con Mendoza por cuestionar los pactos de UPL y le recordó que Aznar negoció con los “independentistas catalanes”.
“Estamos aquí porque Aznar y Cascos nos impusieron a leoneses y asturianos un pesado yugo”, arrancó el socialista Diego Moreno, en referencia a un peaje que se extiende hasta 2050, a lo que unió una tramitación “defectuosa” por la que la Comisión Europea ha abierto un expediente al considerar que el procedimiento “no fue transparente”.
Moreno expresó la voluntad del Gobierno de eliminar los peajes cuya concesión venza y subrayó que desde 2018 se han liberado 1.000 kilómetros, entre ellos el de la AP-1, pero señaló que suprimir el actual peaje supondría “un coste multimillonario” que tendría que asumir el Estado. Así, para votar a favor, pidió que se completara el texto con la búsqueda de la fórmula “menos lesiva” para el Estado liberar ese tramo.
Es una propuesta “razonable” inició el procurador Francisco Igea, quien recordó que “ha tenido que venir Europa para decir que la prórroga no es legal” e ironizó con que el ministro de Transportes tenga “un hueco entre tuit y tuit” para este asunto. En la misma línea, se manifestó Pablo Fernández (Podemos), que se preguntó por qué Aznar en el año 2000 concedió una prórroga hasta 2050.
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