Crecen un 150% las agresiones a funcionarios en la cárcel de León

El Centro Penitenciario de Mansilla de Las Mulas (León), conocido como Villahierro, registró el segundo mayor dato de agresiones a funcionarios en el año 2023, con un total de 10. Además, las agresiones aumentaron un 150% respecto al 2022

25 de Mayo de 2024
Actualizado: 25 de Mayo de 2024 a las 13:55
Crecen un 150% las agresiones a funcionarios en la carcel de León

El Centro Penitenciario de Mansilla de Las Mulas (León), conocido como Villahierro, registró el segundo mayor dato de agresiones a funcionarios en el año 2023, con un total de 10. Además, las agresiones aumentaron un 150% respecto al 2022, cuando tan solo se registraron cuatro agresiones. 

Agresiones en las cárceles de Castilla y León

 

De esta manera, León tan solo se sitúa por detras de la prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), que fue el centro penitenciario con mayor conflictividad entre presos y funcionarios de Castilla y León, contabilizando un total de 20 agresiones. 

Entre las agresiones que se registraron en Villahierro, la Secretaría General de Instrituciones Penitenciarias registró cinco de ellas como leves y otras cinco como graves. De esta manera, León siguió la tendencia del total de la comunidad, donde las agresionesa funcionarios marcaron una cifra récord en 2022, contabilizando un total de 57. 

Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León)

 

Datos en España y Castilla y León

 

Las 57 agresiones a funcionarios de prisiones en la cárceles de Castilla y León supusieron un incremento del 26,6% respecto a 2022. De las 57 agresiones, treinta terminaron con lesiones de los trabajadores. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde se contabilizaron 511 incidentes, lo que supone una subida del 10,6%.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en respuesta a una pregunta del senador zamorano del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo sobre las agresiones a los funcionarios de prisiones a la que ha tenido acceso Ical, se registraron un total de nueve agresiones en Topas (Salamanca), en siete Torredondo (Segovia), cinco en Brieva (Ávila), tres en Burgos, dos en Valladolid y una en la cárcel de Soria.

Además, con estas veinte agresiones , de las 13 acabaron con lesiones de los trabajadores, la cárcel de Dueñas se coloca como la tercera con más incidentes en el conjunto de España, tras un incremento del 25% respecto a 2022, cuando se contabilizaron 16 ataques. No obstante, en función del número de la población reclusa, Dueñas se sitúa en segunda posición con una tasa de 22,4 solo superada por la cárcel de Zuera (Zaragoza).

 

El "buenismo" como causa 

 

Para el responsable de Instituciones Penitenciaras del sindicato CSIF en Castilla y León, Francisco Herrero, trabajador de Topas, la principal razón de este incremento de la agresiones es el intento por “humanizar” las cárceles y el “buenismo” que se está instalando en las relaciones entre funcionarios y reos, así como la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplinario.

En este sentido, Herrero argumenta que para “reconducir” la situación, para que los trabajadores dejen de convertirse en “víctimas” y para que las cifras de agresiones desciendan a un nivel “razonable”, es necesario recuperar el “orden y el control” en la prisiones, algo que pasa por dotar al funcionario de las herramientas adecuadas y por recuperar la autoridad que ha venido perdiendo. “Dentro de ese clima de buenismo que se ha instalado, parece que se le quiere facilitar la vida al reo para enfrentarle contra el funcionario”, denunció.

Cambio legislativo

 

El responsable de CSIF también demanda un cambio legislativo para que los funcionarios tenga la consideración de agentes de la autoridad, además como un refuerzo en las plantillas. Aunque Herrero reconoce que en los últimos años se está recuperando el déficit en las relaciones de puestos de trabajo, aun se está lejos de alcanzar una ratio aceptable. En el caso de Castilla y León el sindicato cifra en 700 las plazas sin cubrir.

Por último, cabe recordar que el pasado mes abril el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Senado para asegurar que se tome en consideración la proposición de ley que dota a los funcionarios de prisiones de la consideración de agentes de autoridad, propuesta que fue apoyada por todas las formaciones menos EH Bildu.

 

 

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