Con motivo de las celebraciones de Nochevieja y el inicio del año nuevo, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León, en colaboración con las Policías Locales de León y Ponferrada, ha desarrollado un dispositivo conjunto especial de vigilancia y control para garantizar la seguridad vial en las carreteras de la provincia que dan acceso a ambas ciudades.
Ante la previsión de las celebraciones propias de la Nochevieja y año nuevo, con el objeto de prevenir y evitar la presencia de conductores con influencia del consumo de sustancias que afectan a la conducción, en beneficio y protección de la seguridad vial de todos los usuarios de las vías públicas, las Policías locales de León y Ponferrada junto con la Guardia Civil establecieron de forma coordinada diversos puntos de verificación de alcohol y otras drogas, especialmente en el alfoz de ambas localidades.
Balance de actuaciones
Durante el operativo se realizaron más de 700 pruebas a conductores, con los siguientes resultados:
- 9 conductores puestos a disposición judicial: Se instruyeron diligencias por delitos contra la seguridad vial al superar notoriamente las tasas de alcohol permitidas.
- 5 denuncias administrativas: Por conducir bajo los efectos de alcohol y otras drogas sin alcanzar el umbral penal.
- 12 denuncias adicionales: Por otras infracciones a la normativa de tráfico y seguridad vial.
Riesgos y consecuencias legales
Desde la Guardia Civil se recuerda que la ingesta de alcohol y otras drogas modifica considerablemente nuestro comportamiento en la conducción, provocando entre otras cosas, una disminución crítica de la capacidad sensorial, de los reflejos y de la atención. Este tipo de sustancias desvirtúan la percepción de la realidad y aumentan exponencialmente el riesgo de sufrir un siniestro vial, poniendo en peligro tanto la vida del conductor como la del resto de usuarios de las vías públicas.
A causa de estas conductas se pueden incurrir en sanciones administrativas de hasta 1.000 euros y hasta la pérdida de 6 puntos en el permiso de conducir. En el ámbito penal, los conductores se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad. En cualquier caso, la condena conlleva la privación del derecho a conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.
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