Ecologistas en Acción recurrirá las resoluciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que permiten aprovechamientos ganaderos y cinegéticos, a partir del 1 de abril 2026, en los montes de la provincia de León afectados por los incendios del pasado mes de agosto, “en contra de la Ley de Montes que prohíbe estas actividades durante cinco años”.
Las resoluciones, que “no son firmes” y se pueden recurrir en alzada hasta el 13 de marzo, aplican “únicamente en la provincia de León”, aunque cabe la posibilidad de que también se publiquen en otras provincias que hayan sufrido los incendios forestales del pasado verano, señalaron desde el colectivo en un comunicado.
Trasladaron que la ley de Montes de Castilla y León “sólo permite” levantar la suspensión de la ganadería y la caza “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especias de flora y fauna silvestre”, pero tal acreditación “no existe”.
Las resoluciones “no están justificadas”, aseguraron, porque la Junta de Castilla y León “no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para informar debidamente a la ciudadanía”, detallaron.
La gestión forestal “nefasta” que dio lugar en agosto 2025 a la “mayor catástrofe ambiental registrada en León” culmina ahora con estas resoluciones “acientíficas”, que según Ecologistas en Acción están basadas en “falsedades", quienes remarcaron que las mismas “han ignorado el riesgo enorme de erosión de los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, pueden perder la cubierta vegetal de manera irreversible”.
Por lo tanto, señalaron que habría que “extremar” la prohibición de la caza y de cualquier tipo de intervención que “interfiera” con las especies de flora y fauna en las zonas quemadas. “En estas condiciones, permitir la actividad ganadera y cinegética en primavera, es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias desastrosas”, subrayaron.
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