Ecologistas en Acción señaló este lunes que las plantas de hidrógeno y metanol de La Robla Green, en la provincia de León, “se proyectan en terrenos inundables”, además de localizarse en una zona de “policía de cauces” del río Bernesga y del Arroyo Valdelasaguas y sobre el acuífero detrítico del ‘Tuerto-Esla’, lo que se traduce en “terrenos de alta permeabilidad”.
Aspectos que constan en el Informe al estudio de impacto ambiental, firmado por la comisaria de Aguas el pasado 4 de septiembre, el cual la Consejería de Medio Ambiente de la Junta “omitió en la información pública de la evaluación de impacto y autorización ambiental de los proyectos”, aseguraron.
En un comunicado recogido por Ical, desde el colectivo trasladaron el este informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se ha facilitado a las personas interesadas en el trámite de audiencia de la autorización de la planta de metanol, abierto el pasado 25 de septiembre durante cinco días.
Así, el informe advierte que la “legislación de aguas obliga, en la medida de lo posible, a construir fuera de terrenos inundables; y sitúa la práctica totalidad del complejo industrial en zona de policía de cauces, donde se requiere autorización de CHD, quedando prohibida la ocupación de las zonas de servidumbre”.
En cuanto a la alta permeabilidad del terreno, el informe da cuenta del “riesgo elevado de contaminación de las masas de agua subterráneas por posibles fugas y filtraciones de las aguas residuales industriales”, cuyo vertido al Bernesga, previa depuración y conducción a través de la red de saneamiento de La Robla y la depuradora municipal, tendrá que “supervisar e informar favorablemente la CHD”.
La Robla Green contará con una depuradora de nueva construcción que recibirá los flujos de las aguas residuales industriales generadas en las distintas instalaciones (central térmica de biomasa con captación de CO2 y plantas de hidrógeno y metanol).
En total se prevé generar anualmente dos millones de metros cúbicos de agua residual. Aun así, apuntaron que “no se ha justificado que la red de saneamiento y la EDAR de La Robla tengan capacidad para recibir ese volumen de agua”.
En este sentido, la Junta también puso a disposición de los interesados, durante cinco días, otros informes relevantes que, conforme a la legislación de evaluación y prevención ambiental, debieron someterse a información pública mediante el anuncio del Bocyl de 19 de marzo. Es decir, el Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que “no hace mención al Informe preceptivo de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000".
”La ausencia del IRNA demuestra la vulneración del procedimiento de evaluación de impacto y de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que obliga a informar de la posible afección, directa o indirecta, de los proyectos sobre la Red Natura 2000, en este caso sobre la ZEC ‘Ribera del Esla y afluentes’ colindante con el complejo industrial La Robla Green”.
Por otro lado, se encuentra el Informe de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, preceptivo al ser de aplicación el RD 840/2015 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, como el hidrógeno y el metanol.
Este informe plantea la posibilidad de que “se produzca efecto dominó en caso de accidente, dada la proximidad de las plantas y la gran cantidad de sustancias peligrosas que se almacena en ellas”. El contenido de este documento “cobra especial relevancia” al estar ante actividades “potencialmente contaminantes del suelo”, que se ubican en “terrenos inundables de alta permeabilidad”. "Creemos que no se sometió a información pública para evitar el rechazo social", lamentaron.
Desde Ecologistas en Acción dejaron claro que a tenor de la información “sustancial que se ha ocultado en la evaluación de impacto del proyecto, la DIA favorable, publicada en el Bocyl el 18 de septiembre 2024, “no debió otorgarse y dará lugar a una autorización ambiental nula de pleno derecho”, senetenciaron.
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