Ecologistas en Acción de León informó hoy de la presentación de alegaciones al trámite de audiencia del ‘Proyecto Regional Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega’, que contempla la construcción de dos nuevos vertederos con capacidad para cinco millones de toneladas de residuos industriales, de las que un millón serán residuos peligrosos.
Desde la organización lamentaron que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León “aprovecha el verano para acelerar la tramitación de estos vertederos”, de modo que ha puesto a disposición de las personas interesadas nueva documentación, “extensa y técnicamente compleja”, por un plazo de diez días, en “un claro ejemplo de cómo ocultar información y obstaculizar la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones”.
Unas decisiones que, para EA, son “muy controvertidas” debido al “potencial impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente” que supone la construcción de estos nuevos vertederos, colindantes con el Centro de Tratamiento de Residuos, situados entre dos arroyos afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo y sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla, caracterizado por su elevada permeabilidad.
“El riesgo de contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas de las masas de agua, superficiales y subterráneas, es evidente y debería determinar la paralización inmediata de un proyecto que, además, convertirá la provincia de León en sumidero de residuos que no produce y que nadie quiere cerca”, consideraron.
Después de que el promotor del proyecto tuviera que modificarlo como consecuencia del informe desfavorable del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados del 22 de septiembre del pasado año, desde Ecologistas en Acción aseguraron que, a fecha de hoy, “falta la documentación sectorial acreditativa del cumplimiento de las condiciones de autorización de los vertederos”, mientras que “se sigue sin aportar estudio sobre riesgo de inundaciones validado por el Instituto Geológico y Minero de España” y “tampoco consta el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero a la luz de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que considere pertinentes, así como el informe preceptivo del IGME sobre requisitos de ubicación”. No obstante, “sin los informes favorables de la CHD y del IGME, no hay garantías de que la ubicación y el diseño de los vertederos sean adecuados”.
Por este motivo, Ecologistas en Acción solicitó que se paralice la tramitación del procedimiento hasta que se complete la documentación del expediente y comprenda los informes del IGME y de la CHD, así como todos los informes del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León que justifiquen la adecuación del proyecto a los principios de gestión de residuos que están legalmente establecidos. De igual forma, solicitaron que, una vez se obtengan estos informes, se abra un nuevo periodo de información pública, con un nuevo anuncio oficial publicado en Boletín Oficial de Castilla y León y una nueva consulta a interesados, que haga público el expediente completo por el plazo de 30 días hábiles.
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