El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº8 de León ha aprobado la exoneración de las deudas contraídas por este matrimonio frente a diferentes entidades privadas y públicas, gracias a la ayuda de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

El proceso, que ha sido resuelto con éxito en apenas un año y medio, comenzó cuando la solicitante y su marido, propietarios de un pequeño negocio, se vieron obligados a solicitar un préstamo ICO durante los primeros meses de la pandemia, con la esperanza de poder salvar su empresa en tiempos de incertidumbre económica.
El préstamo, respaldado por una garantía del 80% del gobierno, les ofreció inicialmente un respiro en medio de la crisis, no obstante, la realidad económica posterior fue muy distinta. Pese a la ayuda financiera, la paralización de las ventas y el cierre de numerosos comercios afectaron profundamente el flujo de caja del negocio.
Con márgenes de beneficio cada vez más bajos y con los gastos fijos como el alquiler, los impuestos y las cotizaciones sociales sin cesar, los costes superaron con creces los beneficios del préstamo ICO. La falta de liquidez se convirtió en un obstáculo insuperable y el apoyo de las entidades bancarias resultó insuficiente.
Pese a los esfuerzos del matrimonio, la combinación de la paralización económica, el endeudamiento creciente y la falta de apoyo llevó a la familia a una situación insostenible. Fue entonces cuando conocieron la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad y decidieron interesarse por su funcionamiento.

Así, solicitó ayuda en la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y al comprobar que su caso cumplía todos los requisitos, los abogados de la Asociación le recomendaron declararse insolvente y acogerse al procedimiento.
Los abogados de la Asociación presentaron la demanda de concurso de acreedores en el juzgado. En la misma solicitud se pidió directamente el perdón del total de deuda pendiente, ya que los interesados no contaban con ningún bien en propiedad.
El pasado 10 de marzo se dictó la resolución por el Juzgado de Primera Instancia Nº8 y Mercantil de León, concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), lo que ha supuesto dejar a estos deudores libres de pagar 121.769 euros.
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