Las candidatas al Congreso y al Senado por el PP de León para las elecciones generales del 29 de noviembre, Lidia Coca y Olga Pérez, mostraron su preocupación por la falta de examinadores para realizar las pruebas del carnet de conducir y que está provocando que muchos ciudadanos no puedan acceder a un empleo al no contar con ese permiso para circular.
Ambas han mantenido un encuentro con responsables de las autoescuelas del Bierzo y León con el objetivo de recoger sus reivindicaciones y exigir a la Dirección General de Tráfico que arregle este problema de falta de personal.
Según la información facilitada por los profesionales del sector, la provincia dispone actualmente de solo tres examinadores frente a los ocho que consideran necesarios para atender la demanda. Esto provoca demoras que pueden alcanzar los cinco meses y limita el número de alumnos que pueden presentarse a las pruebas.
Las consecuencias afectan directamente a la viabilidad económica de las autoescuelas, que están viendo cómo se reduce el número de matrículas y, por tanto, su actividad. Los centros se ven obligados a mantener vehículos parados y a espaciar las clases prácticas para evitar que los alumnos agoten su formación sin disponer de una fecha de examen, a lo que se añade que muchos se están desplazando a otras zonas para examinarse.
En el caso de Ponferrada, las autoescuelas advierten también de que los desplazamientos de los examinadores desde León reducen el tiempo efectivo disponible para realizar las pruebas, agravando aún más las dificultades.
Coca y Pérez muestran su preocupación por las consecuencias laborales y sociales de estos retrasos, que afectan a personas que necesitan obtener el permiso de conducir para incorporarse a un puesto de trabajo y disponer de ingresos con los que sostener su economía familiar.
Por último el PP recuerda que estas reivindicaciones ya fueron objeto de iniciativas parlamentarias de Ester Muñoz y Silvia Franco ante el Ministerio del Interior y la DGT, así como de una proposición no de ley del Grupo Popular para reclamar la cobertura de vacantes, el incremento de efectivos y medidas extraordinarias que permitieran reducir las listas de espera, pero la respuesta ofrecida por el Gobierno no se corresponde con la realidad que afrontan diariamente, e insisten en que las cifras oficiales no reflejan las demoras reales ni las dificultades que padecen los aspirantes, por lo que reclaman que se reconozca la dimensión del problema para poder adoptar soluciones eficaces.
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