INFOBIERZO e INFOLEON se adhieren al rechazo expresado por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ante la propuesta de modificación de la Ley de Publicidad Institucional, impulsada sin previa consulta a los agentes del sector.
Desde ambos medios queremos manifestar nuestra preocupación por las consecuencias que este tipo de cambios normativos no consensuados pueden tener sobre la pluralidad informativa, la sostenibilidad del ecosistema periodístico autonómico y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, independiente y de calidad.
El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León subrayó su disconformidad ante la propuesta de modificación de la Ley de Publicidad Institucional, aprobada inicialmente en las Cortes autonómicas, sin que se haya consultado previamente a los diferentes actores del sector periodístico, entre los que se encuentran el propio Colegio y los medios de comunicación.
“El objetivo de éste es que todas las partes implicadas trabajen conjuntamente para acordar cambios que tengan como único objetivo el interés general, y sirvan para reforzar la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía, y no lo contrario”, recalcaron.
El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León convocará con carácter urgente una reunión en la que invitará a participar a los representantes de todos los grupos parlamentarios con presencia en las Cortes, a los responsables de las empresas periodísticas y a representantes de las universidades de Castilla y León que cuentan con grados en Periodismo o Comunicación Audiovisual.
Limitación mercantil extrema como garantía de control
La aprobación de la modificación de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León conducirá de aplicarse como está expresada, a un ERE sectorial que llevará al despido de varios centenares de periodistas en Castilla y León.
El empobrecimiento de medios humanos en las redacciones motivará además una pérdida de calidad informativa y de capacidad de coberturas que también acabará perjudicando en los ingresos por publicidad programática y comercial.
A medio plazo, también provocará un cierre sectorial notable en los Medios de Comunicación de la Comunidad autónoma, en cualquiera de sus formatos.
Una reforma elaborada por PSOE y VOX a espaldas del sector, sin contar con uno solo de los órganos de representación, consultas a Medios y siquiera al órgano del Colegio de Periodistas de Castilla y León.
El texto impone limitar al 33% la facturación institucional, y su interpretación a máximos motivará efectos inmediatos en el cierre de empresas informativas y de despidos masivos en plantillas.
De aplicarse, supondría un intento de control mercantil a los Medios de Comunicación, y con un articulado que presenta lagunas legales en varios puntos que pueden comprometer la protección legal de los Medios de Comunicación y del derecho a la información.
El sector rechaza la demonización de la Publicidad Institucional, y la consideración sobre la limitación de los ingresos a las empresas informativas privadas bajo la premisa de garantizar las líneas editoriales independientes, lo que de facto es uno de los principios que se presuponen a los Medios de Comunicación. La falta a estos principios y vulneración de derechos por informaciones sobre las personas o colectivos, tiene vía de resolución en el ámbito civil y penal en la Justicia.
La iniciativa cuenta con el aval de PSOE y Vox, el voto a favor de Francisco Igea y Pablo Fernández y la oposición del PP. No se conoce el sentido del voto del grupo UPL-Soria Ya, el representante de Por Ávila y los dos no adscritos.