El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió hoy al centro penitenciario de León, situado en la localidad de Mansilla de las Mulas, como “uno de los más innovadores dentro de la actividad penitenciaria española”, para lo que puso de ejemplo su módulo de respeto, al tratarse del lugar “donde nació una experiencia que resultó tan enriquecedora y reveladora que se decidió extender al resto de centros penitenciarios españoles”.
Así lo apuntó hoy durante la celebración en el centro, denominado Villahierro, de la Festividad de la Merced, donde puso se relieve la “misión delicada e importante para el modelo democrático” cumplida por los funcionarios del mismo para “hacer efectivo el mandato constitucional de ayudar a la reinserción social de las personas condenadas”. Para ello, remarcó la existencia de “nuevas técnicas de tratamiento que ayudan a los reclusos a superar carencias personales”, así como “sus necesidades de formación y educación” en “un clima de orden que facilita su plena incorporación en la sociedad una vez cumplida la pena”.
En este sentido, el ministro del Interior aseguró que los profesionales de las instituciones penitenciarias españolas están “entre los mejor preparados de los países del entorno”, gracias a “múltiples programas de tratamiento que son estudiados y copiados por otros sistemas penitenciarios”. Entre ellos destacó la puesta en marcha de proyectos como el impulso de la justicia restaurativa, la atención a la discapacidad, la extensión de los departamentos mixtos con enfoque terapéutico, las políticas de igualdad y la aplicación de la perspectiva de género, así como la ejecución de nuevos programas para abordar cuestiones como la erradicación del yihadismo, la delincuencia económica o la violencia de género.
Fernando Grande-Marlaska recordó los datos aportados por el último estudio sobre reincidencia, que certifica que ocho de cada diez personas que abandonan los centros penitenciarios tras cumplir condena no vuelven a ingresar en prisión, lo que supone “un acicate para redoblar esfuerzos y explorar nuevas vías de intervención penitenciaria”.
Asimismo, se refirió al acuerdo suscrito en marzo de 2023 en la mesa general de negociación de la administración general del Estado para “revisar el modelo organizativo, simplificar la clasificación de los centros y redefinir sus organigramas”, lo que ha llevado aparejado un necesario incremento retributivo. A ello sumó el Plan de infraestructuras y seguridad del Estado, que conlleva “un importante esfuerzo para la mejora y reforma de las instituciones penitenciarias”, con “avances en digitalización y el refuerzo de la sanidad penitenciaria”, para lo que “se dotará de más facultativos mediante la incorporación de personal interino”.
“Administración eficaz y moderna”
En un día para “hacer un alto en el camino en la familia penitenciaria”, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quiso “reconocer el trabajo bien hecho y las actuaciones que han contribuido a avanzar en una administración eficaz y moderna con capacidad para afrontar el futuro”.
Ortiz se mostró convencido de que “el valor” de lo que se hace en Instituciones Penitenciarias “reside en la atención individualizada e integral a las personas que cumplen condena en los centros penitenciarios”, en los que “cada uno de los departamentos constituye un pilar que sostiene el edificio”, de forma que, “en la medida en que se logra una respuesta transversal y múltiple, se consigue atinar más en alcanzar los objetivos”.
“Apostamos por facilitar la mejor formación, para lo que en los últimos años hemos conseguido aumentar el número de cursos formativos y duplicado la cantidad presupuestada, mientras que la construcción del nuevo centro de estudios será el avance decisivo”, afirmó Ortiz. En este sentido, puso de relieve la cifra “récord” de profesionales penitenciarios en estos momentos, 25.108, así como la reducción “en 15.000 personas durante los últimos 15 años” del número de personas en prisión.
También aprovechó para destacar el “compromiso de los más de 6.000 voluntarios que, a través de diferentes entidades, colaboran para conseguir la reeducación y la reinserción social”. Así, destacó que “gracias a su respaldo es posible atender a las 48.800 personas que dependen del sistema penitenciario y ejecutar las más de 100.000 condenas a penas alternativas que se reciben cada año”.
Acto de celebración
El acto de celebración del Día de la Merced desarrollado este lunes en el centro penitenciario leonés contó con la entrega de distinciones al personal jubilado, uno de los cuales aprovechó la ocasión para reivindicar mejoras en el centro y a sus trabajadores durante la recogida del galardón, a la que acudió con diferentes carteles pegados a su camisa.
También se entregaron diferentes menciones honoríficas y medallas de bronce, plata y oro. En el caso concreto de estas últimas, la medalla de oro al mérito penitenciario recayó en Jaime Hernández Alonso, miembro de la institución desde 1982 hasta su jubilación este verano, de quien Grande-Marlaska destacó su “gran dedicación, tesón, desvelo y ejemplo”. En cuanto a la del mérito social, fue para la Fundación Barrié, que desempeña desde 1974 “una posición de liderazgo en la colaboración entre instituciones privadas y administración penitenciaria de Galicia”.
El acto, que también sirvió para conmemorar el 25 aniversario de la puesta en marcha del centro penitenciario de Villahierro, estuvo dedicado ‘in memoriam’ al cabo mayor de la Guardia Civil Alejandro Cantón Alonso, fallecido recientemente. A él asistieron diferentes autoridades civiles y militares, entre las que destacaron el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente; la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; la directora del centro penitenciario de León, Henar García; o el alcalde de León, José Antonio Diez.
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