Izquierda Unida (IU) alza su voz contra el Ayuntamiento de León, acusándolo de llevar a cabo una privatización sistemática de áreas que deberían ser de acceso público para el disfrute de todos los ciudadanos. La normativa relacionada con las terrazas ha sido el punto de discordia.
Según IU, el reciente planteamiento normativo por parte del Ayuntamiento revela una clara intención de privatizar zonas urbanas que deberían estar al alcance de todos. Esta política, impulsada por el PSOE local y respaldada por otros grupos municipales, parece favorecer los intereses de unos pocos establecimientos en detrimento del bienestar de la comunidad. Además, establece diferencias marcadas según los barrios de la ciudad.
"El planteamiento que hemos visto por parte del ayuntamiento tiene claramente un sentido de privatización de zonas que deben ser lugares públicos para el esparcimiento de los ciudadanos", denuncia Franganillo, destacando la falta de voces contrarias y de oposición a estas privatizaciones tanto desde el Pleno del Ayuntamiento como desde otros agentes sociales.
La coordinadora de Izquierda Unida critica la negociación sobre la ordenanza llevada a cabo por el alcalde con los representantes de la hostelería, señalando un trato preferencial hacia ciertos establecimientos que permite la ocupación desproporcionada de calzadas y plazas. Franganillo argumenta que esta política no solo es injusta para los negocios y genera diferencias entre ellos, sino que también perjudica a la ciudadanía y beneficia a unos pocos negocios en detrimento de otros sectores no vinculados a la hostelería.
En particular, las plazas Mayor y San Marcelo han sido objeto de controversia. A pesar de las resoluciones de “Patrimonio”, las empresas que gestionan locales en estas plazas ocupan casi la mitad de los espacios públicos. Franganillo critica que “significa que los ciudadanos, que pagan impuestos para el mantenimiento de la vía pública, ceden parte de su territorio de esparcimiento en beneficio de estas empresas.”
Desde Izquierda Unida señalan que esta tendencia hacia la privatización no se limita a las terrazas, extendiéndose a servicios esenciales como el aparcamiento subterráneo de Santo Domingo, el transporte público, la Residencia geriátrica Virgen del Camino, entre otros. Exigen una revisión urgente de estas políticas privatizadoras y un compromiso real con el bienestar de todos los ciudadanos.