Izquierda Unida León y Alantre han denunciado la nueva medida del Banco Santander en la que exíge pedir cita previa, mediante llamada o desde la web de la propia entidad, para disfrutar del servicio de caja presencial que hasta entonces fue un derecho de cualquier ciudadano.
Según han puesto de manifiesto las dos organizaciones, “esta sería una nueva dificultad añadida a unos servicios bancarios que ya llevan muchos años maltratando a las personas mayores y que tienen dificultades en el uso de tecnología”.
Lo más "lamentable", explican, “es que en oficinas, como es el caso de El Crucero, se ha llegado a exponer que dejaban de tener servicio de caja presencial, y que para tener ese derecho exigen a sus cliente desplazarse hasta las oficinas de Ordoño II o de la calle Alcalde Miguel Castaño, cuestión que directamente es incierta y una forma de expulsar a estos clientes de sus propias oficinas de barrio”. “En los últimos días, hemos recibido quejas por este motivo y tenemos conocimiento de que ya se han presentado varias reclamaciones en la OMIC por este motivo”.
Desde IU y Alantre quieren “mostrar su solidaridad” con las víctimas de los abusos bancarios en general, y en particular con estas nuevas medidas de ahorro para la gran empresa, "a costa de maltratar a sus propios clientes", que deben tragar con estas nuevas dificultades o "huir" a otro banco, esperando que no tome medidas parecidas en su contra.
Desde las organizaciones quieren hacer mención a los grandes beneficios que el Banco Santander obtuvo en el pasado ejercicio, que fueron de “12.574 millones de euros (+14%) en 2024 y superaron todos los objetivos del año”, según sus propias declaraciones. “Los ingresos subieron un 8% (+10% en euros constantes) hasta los 62.211 millones de euros”.
Por ello, y por las “políticas de abandono de la atención presencial y de maximización de beneficios a costa de abandonar ciertas zonas del territorio", desde Izquierda Unida y Alantre piden “planes de reestructuración para proteger a los usuarios vulnerables”.
“A este proceso debe unirse una política que garantice los derechos de las personas que residen en pueblos y barrios. Y esto sólo es posible con una banca pública, como está demostrando la banca privada con su manera de gestionar, mirando sólo para su propio beneficio”, explican.
Para finalizar, exigen “que el Banco de Santander vuelva a la situación previa al 17 de marzo, conserven el servicio de caja, como hasta ahora, y asuman que tener una cuenta bancaria es una exigencia, una obligación, desde hace años.
Por lo que es obligatorio considerar un buen trato al cliente como parte del servicio al público que las entidades bancarias realizan, y que necesita ser facilitado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el refuerzo en el empleo que sea necesario en cada oficina”.
“Ya está bien de recortes a costa del público. Si esto ocurre en una capital de provincia, no nos sorprende el daño al mundo rural que hace años se viene denunciando desde nuestros pueblos”, exponen.
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