Izquierda Unida de León y el PCE de León trasladarán al Congreso de los Diputados una pregunta sobre si la Dirección General de Tráfico (DGT) cumple con la ley de contratos a la hora de adjudicar sus servicios, como los que se prestan en el Centro Estrada de León, que estará en huelga desde el lunes para reclamar mejoras salariales.
Las formaciones, que apoyan esta huelga y han mantenido un encuentro con los representantes de los trabajadores de ese centro de la DGT, recuerdan que según las directivas europeas en materia de contratación, los poderes adjudicadores están obligados a adjudicar contratos públicos sobre la base de diversos criterios, quedando obsoletas las fórmulas mediante las cuales se toma en consideración solamente el precio más bajo.
“La oferta económicamente más ventajosa, en la actualidad, hace hincapié en la mejor relación calidad-precio teniendo en cuenta los factores de calidad, medioambientales y sociales, los costes del ciclo de vida y la innovación. Esto implica también tener en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores, condición transversal en toda la ley de contratos española, que incluye, además, medidas para la igualdad”, explican IU y el PCE.
Añaden que la Unión Temporal de Empresas adjudicataria “no cuenta con un plan de igualdad, lo cual supone una violación del ordenamiento jurídico español y de las normas comunitarias". "Tampoco se entiende, a tenor de lo hablado con los representantes de los trabajadores, cómo la administración privatiza un servicio que tiene por objeto el ejercicio del poder sancionador, reservado en la propia legislación española, y que no se puede delegar", dice la coordinadora local de IU, Carmen Franganillo. “Las “triquiñuelas” para poder saltarse su propia norma, por parte de la Administración son bastante burdas”, añade.
IU y el PCE recuerdan que la plantilla del Centro Estrada han sufrido una pérdida de poder adquisitivo, desde 2008, se estima en un 27 por ciento. “Estas empresas que acuden a licitaciones públicas y, por tanto, funcionan con dinero público, no deberían ser fuente de precariedad laboral. La plantilla tiene horarios que complican la conciliación laboral y están especializados, por lo tanto, no deberían cobrar el Salario Mínimo Interprofesional ni carecer de planes de carrera profesional o incluso de un plan de igualdad, obligatorio para empresas de este tamaño", explica Franganillo.
Estas formaciones políticas piden también acabar con el desinterés de la Administración en el cumplimiento de los criterios en las adjudicaciones y mediación en las negociaciones con la UTE, para que la plantilla del centro nacional, ubicado en León, salga de la precariedad laboral en la que se encuentra. También reclaman la creación de una empresa pública, de cara al futuro, para eliminar el beneficio empresarial y establecer condiciones laborales dignas “que las empresas privadas parecen no querer garantizar”.