Izquierda Unida León ha presentado alegaciones contra el 'Proyecto Regional para la implantación de un complejo de energías renovables en León' de SOMACYL que permitirá la instalación de la Red de Calor de la capital desde Puente Castro.
Según el comunicado remitido por la formación local, "el proyecto supone una vulneración de la normativa urbanística y ambiental, además de una imposición injustificada sobre los vecinos y vecinas de la zona", a lo que a su juicio se le suma que este proyecto "podría haberse implantado de una manera racional, con pequeñas centrales de calor que suministraran energía a los barrios minimizando el impacto ambiental en una sola zona el paso de camiones y teniendo en cuenta el suelo industrial de León, algo más alejado de las zonas destinadas a viviendas".
El proyecto del SOMACYL contempla la instalación de una central térmica de biomasa de 88MW, una planta de biogás que trataría más de 55.000 toneladas de residuos urbanos al año, una planta de producción de hidrógeno y una planta de energía solar fotovoltaica.
IU ha denunciado que "la tramitación del proyecto, a través de un 'Proyecto Regional', supone una vulneración de la autonomía municipal”, debido a que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León clasifica los terrenos afectados como suelo rústico con protección natural y especial, prohibiendo expresamente los usos industriales.
“Con esta tramitación, la Junta de Castilla y León pretende modificar la calificación del suelo de forma arbitraria, sin pasar por los cauces urbanísticos ordinarios”, aseguran en el comunicado antes de añadir la "falta de justificación del interés regional del proyecto, ya que su ámbito de actuación es puramente local y no se han explorado alternativas de ubicación en suelos industriales".
Según la formación, "la implantación de estas instalaciones en Puente Castro supondría graves impactos ambientales y sociales, un incremento significativo del tráfico de camiones transportando residuos y biomasa".
Es por ello que Izquierda Unida de León solicita la paralización del procedimiento de aprobación del proyecto, instando a la Junta de Castilla y León a respetar la autonomía municipal y a garantizar un desarrollo urbanístico y medioambiental sostenible para la ciudad.
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