El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha compartido, este jueves, la sentencia por la que se absuelve a los 16 acusados, a las aseguradoras y a la propia Hullera Vasco- Leonesa de cualquier cargo en la muerte de seis mineros en el pozo Emilio el 28 de octubre de 2013.
El fallo —que llega casi tres años después del juicio— subraya que la jueza no encontró pruebas que acreditaran que el accidente estuviera causado por una conducta dolosa o imprudente, ni por una vulneración grave de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En las conclusiones, la sentencia determina que la tragedia fue desencadenada por un fenómeno gaseodinámico súbito e imposible de predecir, circunstancia que, a juicio de la magistrada, explica la absolución completa de los acusados, de las aseguradoras y de la propia empresa Hullera Vasco-Leonesa.
La jueza pone de manifiesto que este caso conlleva una gran complejidad técnica por el volumen de pruebas sobre la causa del siniestro y si este fue previsible o no. De esta forma, en la sentencia se le da prioridad a los informes periciales en los que se concluye que el desprendimiento de metano fue instantáneo.
Esto hizo que no hubiese señales precursoras y por lo tanto el aumento súbito del gas dejó a los mineros sin capacidad de reacción. Además, según los peritos médico-forenses esta situación hizo que los mineros perdiesen la consciencia en apenas segundos.
La jueza desestimó por tanto las las hipótesis de las acusaciones que defendían que el accidente se produjo por un colapso de la bóveda, amparandose en el informe técnico de la sección de minas y el perito judicial. En su argumento para la desestimación asegura que los dictámenes no contaban con el rigor técnico preciso y que había contradicciones.
Sumado a todo esto en la sentencia se pone de manifiesto que, a sabiendas de la fuerte carga de grisú que había en la mina, la Hullera Vasco Leonesa implementó medidas preventivas más protectoras que las exigidas por la normativa.
La sentencia también destaca que no constaban quejas, anomalías ni señales de riesgo en las visitas previas al taller donde se produjo el siniestro, indicando que “ninguno de todos ellos percibió anomalías [...] y ninguno de los trabajadores manifestó temor por ser destinado allí”.
En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia del Juzgado de lo Penal número de León detalla que se abonaron a los perjudicados cantidades por un importe global de 3.238.596,80 euros, incluidos intereses. Las costas del juicio que después de ocho semanas de duración quedó el 30 de marzo de 2023 visto para la sentencia de 244 páginas conocida el pasado martes, se declaran de oficio.
Ante esta sentencia cabe recurso que puede ser presentado a la Audiencia provincia de León, una situación que las familias de los fallecidos ya han adelantado que llevarán a cabo después de calificar la sentencia de 'irrisoria'.
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