El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a emprender las acciones administrativas y judiciales que considere oportunas contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, por el que se modificaron las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66).
La Junta de Castilla y León sostiene que aquella modificación alteró de forma sustancial el equilibrio económico-financiero de la concesión y también la duración del contrato. A su juicio, esos cambios dieron lugar, en la práctica, a una nueva concesión sin licitación pública, algo que considera incompatible con los principios de transparencia, concurrencia e igualdad recogidos en el derecho comunitario.
Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico podrá promover la revisión de oficio del citado real decreto como paso previo a la vía judicial. El objetivo último es lograr la supresión definitiva del peaje de la AP-66, cuya vigencia hasta 2050 la Junta ve como un obstáculo para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad.
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