Cerca de un centenar de afectados leoneses por el 'cártel de coches' se han incorporado a la denuncia colectiva en contra de las principales marcas de coches del país. Dicha demanda llega después de que las marcas fijasen el precio de los vehículos por un coste superior al que se correspondía.
En el 2013, la marca Volkswagen "destapó" este caso al no seguir la misma línea que el resto de marcas. Dos años más tarde, en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba con 171 millones de euros a veintiuna empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España y a dos empresas consultoras por prácticas restrictivas de la competencia.
Esto comenzaba un proceso que aún no ha llegado a su fin, y ahora los afectados por este 'cártel de coches' luchan por que se les devuelva entre el 10 y el 15% del precio que pagaron por sus automóviles. A pesar de que la denuncia es colectiva, la información publicada por el Diario de León asegura que se estima que solo se denuncia el 10% de todos los casos, que serían unos 7,3 millones.
En dicha información también se establece que el proceso jurídico podría abrirse de forma inminente y aunque en León los denunciantes, ahora mismo, rondan el centenar, los afectados podrían ser entorno a los 50.000.
Primera resolución en contra del 'cártel'
En octubre del pasado año, llegaba el primer reconocimiento a la legitimidad de una demanda contra el 'cártel de coches' y lo hacía desde León. Dicha demanda tenía el sello de Pablo Roberto, director ejecutivo del despacho de RBH Global, encargado de liderar esa iniciativa.
Después de ello, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid emitía un fallo a favor de un cliente leonés, destacando que, en este tipo de casos, el plazo para reclamar se extiende a cinco años según una directiva europea, por lo que los afectados tienen hasta abril de 2026 para presentar sus demandas.
Devoluciones
La compensación individual variará según las circunstancias específicas de cada caso, pero las indemnizaciones podrían oscilar entre el 10% y el 15% del precio de compra del automóvil. Se estima que este fue el incremento de coste experimentado por los compradores en ese período.
Los documentos necesarios para iniciar el proceso de reclamación incluyen el contrato de compra, factura correspondiente, comprobante de pago bancario o contrato de financiación, y el permiso de circulación o ficha técnica del vehículo.
En ausencia de estos últimos documentos (si el vehículo ya no está en posesión del afectado), se pueden presentar el contrato de venta, documento de traspaso de tráfico u otra documentación que identifique el vehículo en cuestión. Es recomendable presentar una reclamación extrajudicial antes de iniciar acciones legales como persona afectada por el cártel. Se sugiere consultar a un abogado especializado en estos procedimientos y obtener un informe pericial económico.
Cuantificación del Daño
El daño se evalúa mediante un informe pericial económico, que analiza los productos adquiridos, el proceso de compra de vehículos, los precios finales, posibles descuentos y la interacción con los servicios posteriores a la venta.
El objetivo del informe pericial es comparar las transacciones realizadas por el reclamante con las condiciones que se habrían dado en un mercado libre, según los estándares de competencia. Se busca determinar el daño causado por el abuso de poder del cártel de coches y su consecuente sobrecoste.
