La Junta de Castilla y León ha formulado una declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de construcción de una planta de gestión de residuos ganaderos en Algadefe (León), promovida por la empresa Cycle Biogas Esla S.L.
La resolución, publicada este miércoles, 4 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), considera ambientalmente viable la actuación, siempre que se cumplan las condiciones y medidas correctoras establecidas.
La instalación se ubicará en las parcelas 10043, 20043 y 46 del polígono 118, en una superficie total de 52.874 metros cuadrados, de los que 11.683 estarán ocupados por las instalaciones. Su capacidad de tratamiento alcanzará las 100.000 toneladas anuales de residuos ganaderos, equivalentes a unas 273 toneladas diarias.
El proyecto contempla el aprovechamiento de 37.800 toneladas anuales de purines y 61.680 toneladas de estiércol. Mediante un proceso de digestión anaerobia, estos residuos se transformarán en biogás, del que se obtendrá una producción estimada de 2.885 toneladas anuales de biometano.
La instalación también prevé generar 1.460 toneladas de sulfato amónico, además de 68.338 toneladas de digestato líquido y 23.926 toneladas de digestato sólido, destinados a su aprovechamiento conforme a la normativa aplicable.
Una planta a 210 metros del casco urbano
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es su proximidad al núcleo de población de Algadefe, situado a unos 210 metros. Toral de los Guzmanes se encuentra a más de 1,5 kilómetros y Castrofuerte a más de 3,5 kilómetros.
La iniciativa ha generado alegaciones durante el periodo de información pública, presentadas por la Asociación de Ecología y Libertad y varios particulares. Entre las preocupaciones planteadas figuran la cercanía a las viviendas, los posibles problemas de olores y emisiones, el tráfico de vehículos pesados, la contaminación del suelo y de las aguas, la gestión del digestato y los posibles efectos sobre la biodiversidad y el patrimonio arqueológico.
El promotor respondió a estas objeciones en noviembre de 2025. Entre otros argumentos, aseguró que los camiones no circularían por el casco urbano, que el proyecto contempla medidas para controlar los olores y las emisiones difusas y que se establecería una red de vigilancia de las aguas subterráneas.
Controles de agua, olores y emisiones
La declaración ambiental favorable está condicionada a la aplicación de un amplio conjunto de medidas preventivas y correctoras. Entre ellas destaca la obligación de instalar, antes del inicio de la actividad, al menos tres piezómetros para controlar las aguas subterráneas. Uno situado aguas arriba y dos aguas abajo de la instalación. También deberá realizarse un análisis inicial que permita establecer el estado de referencia del agua antes de la puesta en funcionamiento.
En materia de olores, la resolución establece que el almacenamiento de residuos orgánicos deberá limitarse al mínimo imprescindible y que su transporte tendrá que realizarse en camiones cerrados o cubiertos, evitando las zonas residenciales.
Además, durante el primer año de funcionamiento deberá elaborarse un estudio olfatométrico conforme a la norma UNE 13725, que permita evaluar la posible afección a la población. Si se detectan molestias, podrán exigirse medidas correctoras adicionales.
La planta también tendrá que controlar sus emisiones atmosféricas, realizar mediciones periódicas y mantener en condiciones adecuadas los sistemas de reducción de contaminantes. Los residuos ganaderos no podrán almacenarse fuera de las instalaciones previstas y las zonas de recepción y manipulación deberán disponer de superficies impermeables para evitar filtraciones.
Por otro lado, el digestato sólido deberá almacenarse bajo cubierta y tanto su gestión como su aplicación agrícola tendrán que ajustarse a la normativa sobre nutrición sostenible de los suelos y prevención de la contaminación por nitratos.
Sin afección significativa a la Red Natura 2000
En su análisis ambiental, la Junta concluye que el proyecto no coincide territorialmente con ningún espacio protegido de la Red Natura 2000 y que no se prevén afecciones directas o indirectas que puedan perjudicar la integridad de estos espacios.
El informe de Patrimonio Natural también identifica la presencia de especies de interés, como el milano real y el sisón común, así como la coincidencia del ámbito con el área importante para las aves Tierra de Campos. No obstante, considera que no se producirán afecciones significativas siempre que se apliquen las medidas previstas.
La Confederación Hidrográfica del Duero advirtió, por su parte, de que parte de la zona de actuación se encuentra en el área de policía del arroyo de La Laguna, por lo que incorporó condiciones específicas para proteger el dominio público hidráulico.
La declaración no supone el permiso definitivo de funcionamiento
La resolución favorable constituye un paso importante para el desarrollo del proyecto, pero no equivale a una autorización automática para comenzar la actividad. La empresa deberá obtener las autorizaciones sectoriales y ambientales que correspondan y acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas antes de poner en marcha la instalación.
Asimismo, tendrá que presentar informes ambientales anuales sobre el desarrollo del programa de vigilancia y la eficacia de las medidas protectoras. La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia si las obras no comienzan en un plazo de cuatro años desde su publicación en el BOCYL, salvo que se conceda una prórroga conforme a la legislación vigente.
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