El caos sigue a la orden del día en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y así ha quedado demostrado en el pleno de este jueves en el que se han tenido que dar de baja las sanciones de tráfico debido a que la fecha de pago voluntario termina en el año 4000.
Tal y como se ha puesto de manifiesto en la sesión plenaria, el equipo de Gobierno ha detectado el error, que viene desde el año 2018 cuando aún estaba el PSOE en el mandato. Dicho error costará a las arcas municipales un total de 138.095 euros ya que no sería posible tramitar las denuncias.
La alcaldesa, Ana Caurel explicó que el error se produjo "tras una migración de datos desde la anterior aplicación informática a la actual", de esta manera, el fin del periodo del pago voluntario de las multas de tráfico desde el 2018 terminaba el 31 de diciembre del año 4000, algo que "impide su notificación y cualquier actuación administrativa para el cobro", aseguró.
Tras la explicación de la alcaldesa, Rafael Sánchez, portavoz de Cs comentó el curioso fallo asegurando que se validaría una prescripción de las multas porque "ni el funcionario de turno, ni el concejal detectaron un error". Además, aseguró que hay dos puntos por los que no le gusta dicha prescripción, "la sensación de impunidad para los no sancionados y por el daño a la Hacienda Local"
Desde IU-Podemos, su portavoz Laura Fernández fue la única que votó en contra de la prescripción ya que según explicó, el expediente "lo han tramitado mal". También recordó que este no es el único problema con las multas de tráfico ya que las que prescribirán en estos meses que serán "muchas" no se están tramitando primero por "falta de personal" y ahora porque "no se tiene acceso a un certificado".
Por su parte, Fernando Olite, portavoz de Vox fue tajante preguntando al plenario si "¿de verdad somos capaces de mirar a los vecinos a la cara y decirles que esto es normal? Que no pasa nada porque el Ayuntamiento pierda 138.000 euros".
Derechos pendientes de cobro
En la misma sesión se acordó dar de baja los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, entre 1994 y 2024, por importe de 1,41 millones de euros que, según detalló la alcaldesa, se consideran fallidos porque se ignora la existencia de bienes o derechos embargables o susceptibles de cobro.
La regidora añadió que “los procedimientos de depuración de los saldos y sus consecuencias no se han llevado nunca a cabo en esta administración”, por lo que muchos de ellos siguen activos, lo que puede implicar la aparición de cifras en concepto de remanentes de tesorería que no reflejan la situación real de las arcas municipales.
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