La Universidad de León trabaja en la elaboración de un Plan de Ajuste que haga que la institución sea “más eficiente económicamente”, aunque “no será un plan de recorte de plazas”, sino que será “un plan de sostenibilidad para el medio y largo plazo” con el fin último de “hacer un diagnóstico para hacer una reivindicación clara a la Junta de Castilla y León” ante la necesidad de “un modelo de financiación plurianual y estable en el tiempo, como tienen otras comunidades”.
Así lo avanzó hoy la rectora de la ULE, Nuria González, quien explicó que, aunque la institución académica “no tiene problemas económicos ni de tesorería”, sí que existe “un cierto desajuste entre los gastos y los ingresos derivado, fundamentalmente, de algunos recortes de financiación por parte de la Junta de Castilla y León”, entre los que destacó el Plan de Inversiones, tras “cuatro años sin convocarlo”, de forma que “solamente llega dinero para inversiones en el Grado en Medicina”.
En este sentido, Nuria González aseguró que “deber ser y será reivindicativa con el Gobierno autonómico” en el momento en que “pase esta situación de inestabilidad al no haber Gobierno”, lo que hace que “no sea fácil mantener una conversación con la Junta al no saber quién ocupará la Consejería de Educación ni haber presidente como tal”. “Mi papel es ser reivindicativa y pedirle a la Junta más financiación para las universidades públicas”, añadió.
La rectora quiso puntualizar que el futuro Plan de Ajuste “no será un plan de recortes”, de forma que no está en la intención del equipo rectoral recortar plazas, “ni mucho menos”, sino “hacer un diagnóstico de cuál es el desajuste entre gastos e ingresos con el objetivo de ir a la Junta y pedir mayor financiación”.
Premios al PTGAS funcionario
De igual forma, la rectora de la Universidad de León explicó hoy que el Consejo de Gobierno de la institución académica tuvo que aprobar la anulación de los premios o ayudas de jubilación para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) funcionario.
Una decisión tomada después de que el Consejo de Cuentas, la Abogacía del Estado y el Consejo Consultivo “aconsejaran y dijeran que los premios son ilegales”, lo que podría ir en contra de todos los miembros del Consejo de Gobierno, ya que “cuentan con una responsabilidad civil”.
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