El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León exigió al equipo de Gobierno que “tome medidas inmediatas” después de que en la tarde de ayer se derrumbara parte del tejado y que contrate su demolición urgente “antes de que la desgracia llegue a causar daños personales”.
“El mal estado del edificio de Bodegas Armando es peor de lo esperado, lo que permite tomar decisiones y gestionar con urgencia la eliminación inmediata del edificio”, afirmaron los ‘populares’ municipales, al tiempo que señalaron que, a pesar de que se han iniciado los trámites de un expediente de venta forzosa, la “pésima situación” del inmueble “exige demoler hoy mismo y cobrar el importe de las actuaciones a los propietarios”.
El PP explicó que, en su día, se valoraba en torno a 54.000 euros el importe para demoler el edificio, “hoy convertido en una escombrera okupada” y pero, “ante el pasotismo municipal”, los vecinos “tuvieron que incluso acudir al Procurador del Común”.
“Ya desde 2019, cuando el Partido Socialista entró al gobierno y se despreocupó del asunto, el Partido Popular comenzó a exigir medidas”, detallaron, remontándose a octubre de aquel año, cuando los concejales populares se reunieron con los vecinos por “la falta de seguimiento de las medidas iniciadas por el PP con el entonces nuevo gobierno PSOE-Podemos”.
Según relató hoy el PP, en 2020 “prosiguieron las preguntas en la Comisión de Desarrollo Urbano sin que el PSOE realizara ningún tipo de acción”, tal y como ocurrió “durante todo el mandato”, mientras que “el gobierno de José Antonio Diez siempre respondió con evasivas”, a pesar de “haber aportado numerosas fotografías ante la gran acumulación de agua, humedades, pequeñas caídas de materiales y la pérdida de paneles que tapaban las ventanas, exigiendo la visita presencial de los técnicos municipales para comprobar el estado avanzado de la ruina”.
En marzo de 2021, el PP se hizo eco de las denuncias vecinales que exigían al Ayuntamiento de León la retirada del amianto de las ruinas del edificio, lo que tuvo como resultado “una nula acción a pesar de que atentan contra la Ley de residuos y suelos contaminados que obliga a todos los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno antes de enero de 2023”.
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