El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en sesión plenaria extraordinaria, ha aprobado de forma inicial una subida del 38,35% en la factura del agua para los vecinos del municipio. Subida que se traduce en un incremento de entre 2 y 4 euros mensuales en el recibo del suministro.
Una medida que se aprueba gracias a los 4 votos a favor de la UPL, 4 en lugar de 6 debido a que Andrés Vidales, que sustituirá a Ángeles González como edil, no ha tomado posesión y a que Bruno Gasto no se encontraba en el pleno en el momento de la votación.
A los votos a favor se le suman la abstención de los grupos del PP, PSOE, Cs y no adscrita -estos dos últimos tampoco estaban en el momento de votación pero, habían manifestado su postura hacia la abstención-, siendo Vox el único grupo que se ha opuesto a la medida.
Una medida que según se ha explicado en el pleno, esta medida viene dada por el sobrecoste que supone el servicio que gestiona AQUONA, que en 2022 fue de 647.000 euros. Dinero que tiene que asumir el Consistorio y que no se puede invertir en actuaciones para el municipio.
Ahora, la medida aprobada permitirá al Ayuntamiento destinar a mejoras en el municipio lo que ahora se dedica a paliar la diferencia entre lo que abonan los vecinos y el coste real del servicio.
En concreto la medida supone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable y alcantarillado, siendo esta la primera que se lleva a cabo después de 9 años sin que se haya modificado.
Según explicó Rafa Sánchez, edil de Cs, el problema del sobrecoste viene dado desde 2010, cuando "bajo un gobierno del PSOE se decidió modificar el contrato relacionado con el servicio de suministro de agua. Una modificación que se realizó a cambio de la condonación de una deuda con la empresa, que también era resultado de administraciones socialistas anteriores".
Una medida impopular
El único edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Andrés creyó que "de aquellos errores estas consecuencias" comentaba Rafa antes de añadir que "las decisiones socialistas han conducido a estas repercusiones, pues nuestros vecinos asumirán, de una forma u otra, el sobrecoste ya sea a través de la subida o la falta de inversiones".
"A algunos de los representantes de aquellos años se les debería dar vergüenza salir a la calle por esa gestión", aseveró el edil naranja. Todo ello antes de asegurar que a pesar de que esta es "una medida impopular", el equipo de Gobierno de la UPL "que no tiene culpa ninguna" debe asumirla.
Una línea que continuó PP, asegurando que una vez más debían hablar en el plano de la "pésima gestión socialista", una pésima gestión a la que hicieron referencia asegurando que gracias a la firma de aquel contrato "estamos hipotecados con AQUONA hasta 2046".
La portavoz popular, Noelia Álvarez, puso el foco en la forma de trabajo y las "irregularidades" que comete el equipo de Gobierno: "señora alcaldesa, no puede hacer las cosas a su antojo, es una falta de consideración a la oposición". Pese a que los populares no se opusieron, consideraron la medida "injusta" por la situación económica por la que pasan las familias.
Por su parte la portavoz de IU-Podemos, Laura Fernández, echó en cara al equipo de Gobierno la falta de negociación en cuanto a la medida respecta, asegurando que en otras ocasiones ya habían preguntado por la situación con AQUONA hasta llegar a una situación importante que "nos traen de ayer para hoy, sin poder haberlo debatido, sino cuando ya está hecho".
Además, aseguró que a pesar de no impedir la aprobación inicial, durante los 30 hábiles que se pondrán en marcha después del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia desde IU-Podemos alegarán ya que "no nos parece la mejor tasa que se pueda poner a los vecinos".
El grupo municipal de Vox, que ha emitido un comunicado tras el pleno extraordinario, aseguró que se opusieron a esta medida ya que el "incremento podría ser el punto de inflexión que empuje a muchas familias hacia una situación financiera aún más precaria" ya que, a su juicio, podría tener graves consecuencias para los vecinos del municipio.
Desde Vox propusieron la denuncia del contrato ante los tribunales por ser este abusivo, y es que entre 2021 que calculaba un déficit de servicio de aproximadamente 183.000 € y 2022 que lo estima en unos 592.000 euros, siendo la diferencia de un 323,5%, es decir, según la fórmula polinómica el déficit se triplicó.
El portavoz del PSOE, Benjamín Fernández, puso de manifiesto el "malestar" de su grupo municipal por la forma de actuar del equipo de Gobierno. Además, defendió al equipo de Gobierno socialista al que acusó Cs, asegurando que el contrato "viene desde 1996".
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