El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de la Diputación de León presentado contra una sentencia en la que se declaró la obligación de la institución provincial de asumir la carretera de Posada de Valdeón a Caín.
Desde el Ayuntamiento de Posada de Valdeón intentaron en "varias ocasiones" que la Diputación asumiese la carretera que une las dos localidades. Intentos que según aseguran en un comunicado desde el Consistorio, informaron "negativamente" o "no consiguieron respuesta".
De hecho ponen de manifiesto que se llegaron a resolver "otros expedientes como el de una carretera en el municipio de Cistierna en el que se daban unas circunstancias similares".
En la sentencia se explica que "la negativa, prolongada durante años, a dar respuesta a los requerimientos municipales, unida a la asunción de carreteras enteramente equiparables, sin justificación del diferente criterio seguido en uno y otro caso, convierten la actuación administrativa discrecional en arbitraria y por ello contraria al ordenamiento jurídico”.
Ante el fallo del TSJ, el alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, ha manifestado que "confía" en que la Diputación "acate urgentemente la sentencia y no se plantee recurrir al Tribunal Supremo, pues los tribunales ya nos han dado la razón dos veces y no se entendería políticamente que rechazase asumir una infraestructura esencial".
Esencial "no solo para los vecinos, , sino para todos los que quieren acceder a la Ruta del Cares, activo turístico de primer orden para la provincia de León", comentó Campo.
El regidor también añadió que "dado que el invierno y las nevadas están próximas, pido que ejecuten ya la sentencia y procuren que ni Caín ni el resto de pueblos se queden aislados. Hay que insistir en que la Montaña de León necesita que la Diputación y la Junta de Castilla y León inviertan en infraestructuras esenciales para combatir la despoblación”.
Por su parte, Carlos González-Antón, abogado del Ayuntamiento quiere resaltar que, en este caso, de nuevo los Tribunales de Justicia reconocen la ilegalidad de "actuaciones claramente arbitrarias" de las Administraciones "cuando no ejercen adecuadamente sus competencias".
Este caso es también "sangrante, como otros que hay en la provincia, pues lejos de cumplir con los principios de colaboración interadministrativa, algunos órganos no atienden a las peticiones de infraestructuras realizadas durante años", cocluyó el abogado.
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