La polémica generada en torno al supuesto "desahucio" de los jubilados de la Asociación de Pensionistas de Valencia de Don Juan ha tomado un nuevo giro, con la asociación y el Ayuntamiento desmintiendo categóricamente las acusaciones lanzadas por el Grupo Municipal Socialista.
La concejala de Servicios Sociales, Donata Álvarez, ha negado de manera rotunda las acusaciones del PSOE, que afirmaba que se había forzado el desalojo de los pensionistas del local que ocupaban. Álvarez subraya que fue la propia asociación quien, ante la necesidad de trasladar los fondos del Museo de la Indumentaria debido a las obras en la Casa de Cultura, propuso mudarse temporalmente a un local alternativo. El traslado se realizó con el pleno consentimiento de ambas partes, y la Asociación de Pensionistas no mostró ninguna oposición.
El Centro de Mayor debería de haberse finalizado en la anterior legislatura, durante abril del 2023, y no fue así. Algo que se ha demorado en el tiempo. Las obras del Espacio del Mayor, según su constructor, finalizarán este mismo mes de septiembre.
Durante una reunión celebrada el 20 de septiembre, en la que participaron Álvarez, el Primer Teniente Alcalde, José Jiménez, y representantes de la Junta Directiva de la Asociación, se reafirmó que las declaraciones del PSOE "faltan a la verdad". Álvarez ha pedido públicamente que no se utilice a los mayores como "arma política".
Con todo, Álvarez califica las acusaciones de presentar una “actitud tendenciosa, tergiversando los mismos y con el único objetivo de hacer daño a las personas”. También niega que existe ningún tipo de “interés personal”.
En la reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Pensionistas, en la que se explicó la situación de urgente necesidad de los fondos del Museo de Indumentaria Tradicional Leonesa, participó el alcalde, Ricardo Barrientos, el teniente alcalde, José Jiménez, y la concejala de Servicios Sociales, Donata Álvarez. La Junta Directiva de la Asociación de Pensionistas no pone ninguna objeción alguna a ceder el local.
Con todo, Álvarez niega tajantemente que se haya realizado un “desahucio”, ya que “el cambio de local ha sido con la aprobación y consenso de las dos partes”. También apunta a que el alcalde “no puede revertir una decisión” tal como solicita el PSOE cuando ha sido una decisión tomada por un ente privado como es la Asociación de Pensionistas representado por su Junta Directiva.
“Como concejala de Servicios Sociales, durante los años que he desempeñado y desempeño mi cargo siempre he buscado lo mejor para nuestros mayores y me he esmerado para que nunca jamás les faltase nada y mucho menos tomaría decisiones que les pudieran perjudicar. Siempre me he preocupado del bienestar de Nuestros Mayores con celo y cariño favoreciendo su bienestar, por lo que el desprecio al que hacen alusión solo cabe en mentes tendenciosas que usan a nuestros mayores como arma política con bajeza”, declara Álvarez.
El conflicto sigue generando debate, con el PSOE acusando al Ayuntamiento de no priorizar los intereses de los pensionistas, mientras que el equipo de gobierno asegura que se ha actuado de manera transparente y consensuada con la asociación afectada.
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