A finales del año pasado, una persona denunció haber sido víctima de posibles fraudes en inversiones realizadas a través de plataformas online, iniciadas a comienzos del año 2025 y que superaban los 100.000 euros. El denunciante sospechaba que sus fondos estaban siendo utilizados de manera fraudulenta.
El Equipo @ de la Guardia Civil de León abrió la investigación “PINTOR”, centrada en analizar las comunicaciones entre la víctima y los presuntos estafadores, así como el flujo de dinero convertido en criptoactivos. Durante las pesquisas, se logró retener 20.000 euros del perjudicado que se encontraban en una cuenta bancaria que él ya no controlaba.
Las estafas de este tipo se basan en técnicas de ingeniería social. Los delincuentes se anuncian en los mismos medios que plataformas legítimas y contactan con las víctimas a través de supuestas ofertas de inversión. Presentándose como brokers financieros, ofrecen pequeñas inversiones con altas rentabilidades para evaluar la situación económica de la persona, incluyendo activos y capacidad de endeudamiento.
Como resultado de las investigaciones, se pone a disposición de la Autoridad Judicial a tres personas como responsables de los hechos denunciados y se recupera parte del dinero estafado
Prometen ganancias elevadas y exigen transferencias inmediatas
Tras ganarse la confianza de la víctima, los estafadores prometen ganancias muy elevadas y exigen transferencias inmediatas. Además, mediante conexiones remotas, instalan aplicaciones que supuestamente permiten controlar y ver la evolución de los criptoactivos, aunque los datos están manipulados para que la víctima crea que sus inversiones y beneficios son reales.
Cuando la persona ya no dispone de más fondos o crédito y solicita recuperar su inversión, los estafadores exigen pagos adicionales alegando que son tasas por los beneficios obtenidos. Al convertir el dinero en criptoactivos y prolongar las inversiones en el tiempo, resulta extremadamente difícil recuperar los fondos, ya que los delincuentes pueden ocultarlos mediante múltiples mecanismos.
La investigación confirma que las plataformas operaban sin las autorizaciones pertinentes, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que las rentabilidades mostradas eran ficticias, diseñadas exclusivamente para incentivar el envío de más fondos.
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