El TSJCYL condena a cinco años de prisión a un hombre por estafa agravada en la compraventa de un hotel en León

El acusado deberá indemnizar con más de 2 millones de euros a los afectados y afrontar una compensación por daños morales tras no cumplir con los pagos acordados en la venta de un inmueble y un hotel

08 de Noviembre de 2024
Actualizado: 08 de Noviembre de 2024 a las 19:34
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El Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia en segunda instancia sobre un caso relacionado con la compraventa de un inmueble y un hotel en la ciudad de León, en el que un hombre ha sido condenado por un delito de estafa agravada. El acusado, que actuaba como administrador único de una sociedad, fue sentenciado a cinco años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Los hechos se remontan a una serie de negociaciones entre el acusado y los socios de una sociedad que gestionaba un hotel en el centro de la ciudad, la cual culminó en la venta de la totalidad de las participaciones de la sociedad propietaria del establecimiento. A pesar de firmar un contrato de compraventa en diciembre de 2017 y acordar el pago en diversas etapas, el acusado no cumplió con las condiciones pactadas. Entre los pagos pendientes figuraba una cantidad superior a 2.7 millones de euros, que no fue entregada en las fechas estipuladas.

TSJCyL
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Además de la pena de prisión, el tribunal ha condenado al acusado a indemnizar a los perjudicados con un monto que supera los 2 millones de euros, más intereses, así como una compensación por daños morales de 15.000 euros para cada uno de los afectados. El acusado deberá también hacerse cargo de la mitad de las costas del juicio. En cuanto a la empresa relacionada con el acusado, se resolvió su absolución en cuanto al delito de estafa agravada.

La sentencia, que también incluyó la apertura de un proceso para posibles acciones civiles, subraya la gravedad de la conducta del acusado, quien, tras recibir el inmueble y el hotel, intentó enmascarar su intención de no pagar mediante una serie de maniobras, incluyendo la entrega de pagarés sin fondos y la emisión de comunicaciones falsas sobre irregularidades en el proceso de compraventa.

Esta resolución pone fin a un largo proceso judicial que comenzó en 2018, con la querella presentada por los afectados y culminó con la celebración del juicio en 2024.

 

 

 

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