La Unión de Campesinos de León pidió hoy “flexibilidad” a la Junta de Castilla y León en los requisitos que se comprobarán de la Política Agraria Común ante la “difícil situación del campo en la provincia” debido a las tormentas de lluvia y granizo de las últimas semanas, que han dejado “en la cuerda floja” a “gran parte” de la producción.
La organización agraria explicó que los hasta 60 litros contabilizados en la última semana en algunas zonas supusieron “el levantamiento de cultivos ya implantados, el retraso en la siembra de lo previsto e incluso la decisión de dejar barbecho de forma obligada”.
Por su parte, los numerosos episodios de granizo afectaron de una forma “muy grave” a muchos cultivos, “dejando cientos de hectáreas arrasadas y volviendo al problema de decidir si se implanta de nuevo el cultivo o si esta campaña dicha superficie no producirá ningún beneficio”.
Todo ello ha provocado que la mayoría de superficie de regadío, frutales y viñedo de la provincia sufra problemas derivados de la gran cantidad de lluvia y granizo, con una estimación de 20.000 hectáreas afectadas gravemente.
Debido a esto, los agricultores “ahora tendrán que pelear con Agroseguro” para que las peritaciones sean “rápidas y justas”, ya que en muchos casos será necesario el levantamiento de cultivos y resiembras, de forma que “si se retrasan harán que disminuya la rentabilidad de las explotaciones”. La Unión de Campesinos de León consideró necesaria una reunión con la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, para que “sean conscientes de la situación de fuerza mayor a la que se están enfrentando los agricultores de la provincia” tras las tormentas de lluvia y granizo que han complicado gravemente la siembra y el progreso de los cultivos ya implantados en las últimas semanas.
“De seguir así, habrá parcelas que no se puedan cultivar y otras en las que haya que variar los cultivos declarados en la solicitud PAC, lo que puede derivar en incumplimientos de las normas por motivos de fuerza mayor, incontrolables por los agricultores. Esta casuística requiere coherencia a la hora de comprobar el cumplimiento de la normativa”, concluyeron.
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