Desde la Secretaría de Estudios Autonómicos de Unión del Pueblo Leonés (UPL) han mostrado su "más firme y rotunda repulsa" ante un nuevo intento de tergiversación de la Historia del Reino de León, promovido "una vez más" desde instancias dependientes de la Junta de Castilla y León, incluso a través de instituciones financiadas con fondos públicos autonómicos, como la Universidad de León.

Con motivo de la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina leonesa Urraca, se está difundiendo una imagen históricamente falsa al presentarla como reina “castellanoleonesa”, reina de Castilla y León, o incluso como reina de una amalgama de territorios inconexos, aplicando categorías políticas actuales a una realidad medieval que nada tiene que ver con ellas. Esta práctica no es un simple error terminológico: constituye una manipulación consciente de la Historia.
Conviene recordar, con rigor y sin ambigüedades, que en tiempos de la reina Urraca el reino existente era uno solo: el Reino de León. En él se integraban distintos territorios —entre ellos Castilla—, pero no existía ningún “reino de Castilla y León”, ni entidad política conjunta alguna que pueda denominarse así sin incurrir en un evidente anacronismo. Castilla era entonces un territorio del Reino de León, que había alcanzado en ese periodo su máxima extensión territorial y su mayor relevancia política en el conjunto de la Europa cristiana.
El propio devenir histórico lo demuestra con claridad: Fernando I, a su muerte en 1065, dividió el Reino de León entre sus hijos, correspondiéndole Castilla a Sancho II y León a Alfonso VI. Tras la muerte de Sancho en el sitio de Zamora, Alfonso VI reunificó nuevamente el reino en 1072, y se intituló inequívocamente “Rex Legionensis”, e incluso “Rex Hispaniarum atque Legionensis”, subrayando el carácter leonés del poder político y anticipando el posterior título de “Imperator totius Hispaniae”. Esos 7 años fueron los únicos de separación entre los dos reinos antes de Urraca.
Ese mismo Reino de León fue el que Alfonso VI transmitió a su hija Urraca. Un reino que se extendía hasta Coimbra, Coria, Talavera y Toledo por el sur, hasta Medinaceli, y las cercanías de Tudela por el este, y por el norte peninsular hasta la actual Vizcaya.

La pluralidad territorial del reino no convierte a su soberana en reina de cada una de sus partes, del mismo modo que ningún monarca medieval se titulaba rey de cada condado o marca: Urraca fue reina del conjunto del reino, reina del Reino de León, y solo del Reino de León.
Ese reino fue igualmente transmitido a su hijo Alfonso VII, aunque mermado por las apropiaciones militares de su esposo, Alfonso I de Aragón, a quien los nobles castellanos llegaron a rendir obediencia directa. Resulta, por tanto, históricamente insostenible hablar de un supuesto “reino de Castilla y León” cuando buena parte del territorio castellano estaba fuera del control efectivo de la monarquía leonesa. El reino heredado por Alfonso VII siguió denominándose Reino de León, y así fue reconocido dentro y fuera de la península.
Por todo ello resulta profundamente injusto e inaceptable que se pretenda presentar a la reina Urraca como lo que no fue. Pero aún más grave es el intento sistemático de ocultar, diluir o invisibilizar el Reino de León mediante un lenguaje deliberadamente confuso, adaptado a una realidad institucional contemporánea que nada tiene que ver con la Edad Media. No estamos ante un error académico aislado, sino ante una estrategia de reinterpretación histórica orientada a legitimar una construcción autonómica artificial.
Lo más preocupante es que estos intentos de ocultamiento procedan precisamente de las autoridades autonómicas, que, por su posición y función, deberían ser las primeras encargadas de preservar y difundir con honestidad la Historia. La actual comunidad autónoma se sustenta sobre dos reinos históricos que durante siglos fueron realidades políticas distintas y, en numerosas ocasiones, en guerra entre sí.
Que los restos de los dos reinos se integren administrativamente creando la actual comunidad autónoma no responde a una historia común, sino a decisiones políticas recientes adoptadas por partidos de ámbito estatal, al margen de la identidad histórica y de la voluntad del pueblo leonés.
Esta tergiversación no es inocua. Afecta a los contenidos educativos, a la investigación académica y a la percepción que las nuevas generaciones tienen de su propia Historia. Cuando una administración controla los recursos, los programas educativos y el relato institucional, la manipulación histórica deja de ser una anécdota para convertirse en un problema estructural.
Por ello, si de verdad queremos preservar y transmitir con rigor la Historia del Reino de León, no podemos dejar su custodia y difusión en manos de quienes la reinterpretan o la silencian. La única garantía real para proteger nuestro patrimonio histórico, cultural e identitario es disponer de una autonomía leonesa propia, comprometida con la verdad histórica y con una identidad que no necesita ser negada ni diluida para existir.
Mientras los leoneses no dispongamos de una autonomía propia que nos permita regir nuestro futuro y preservar nuestro pasado, estaremos abocados a sufrir reiteradas afrentas históricas que deforman la realidad y pretenden imponer un relato ficticio al servicio de una estructura institucional tan artificial como ajena a nuestra Historia.
Una vez más, la autonomía leonesa se muestra no como una opción ideológica, sino como una necesidad histórica, cultural y democrática. Y UPL seguirá trabajando con determinación para hacerla realidad.
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