El portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, acompañado por la concejala Teresa Fernández y el concejal Isidro Ferrero, ha pedido hoy la dimisión del concejal de Hacienda por presuntas compras “infladas”, tras detectar lo que los leonesistas describen como “irregularidades graves” en la contratación municipal por parte del equipo de gobierno, relacionada con el mantenimiento de la flota de vehículos del Ayuntamiento de León.
El grupo leonesista acusa al concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, de aprobar y llevar a Pleno facturas infladas hasta un 35-40% respecto a los precios de mercado habituales, sin expediente de contratación y con el reparo reiterado del interventor.
El portavoz exige al alcalde, José Antonio Diez, la “dimisión inmediata” de Alonso y ha advertido que, si no hay una explicación razonable, no descarta acudir a Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos y cohecho.
Las cifras aportadas por los leonesistas son "contundentes". Entre 2022 y 2023 se adquirieron 41 baterías para una flota municipal compuesta por 75 vehículos. Las industriales se facturaron a 274,45 euros, cuando en cualquier taller se venden a 210. Las de moto a 162,37, pudiendo conseguirse en el mercado entre 74 y 90 euros.
Otro ejemplo hace referencia a la compra de AdBlue, un aditivo diésel necesario para reducir emisiones contaminantes. El ayuntamiento pagó 2,66 euros por litro, más del doble del precio registrado en los años mencionados, y muy lejos de los 0,60 actuales.
También apuntaron los leonesistas al precio de 5 litros de disolvente (29,23 euros) con un precio de 5,85 el litro, cuando su precio en el mercado es de 4,59, y a una lijadora adquirida a 382,57 euros, cuyo precio puede ser de 176,65 euros.
Centran el foco los leonesistas en la reiteración de compras a una misma empresa de recambios, Radiadores Palacios, siempre sin publicidad ni libre concurrencia, vulnerando, afirmó Sendino, los principios básicos de transparencia.
“Queremos saber por qué no hay expedientes de contratación, por qué siempre se compra a la misma empresa, por qué no se solicitan descuentos propios de estos suministros y por qué se están engordando los precios”, señaló.
Los expedientes llegaron al Pleno como reconocimientos extrajudiciales de crédito y fueron aprobados con el voto a favor del PSOE, la abstención del PP y los votos en contra de UPL, y en todos consta el reparo del interventor municipal, que advertía de la obligación de tramitar contrato y publicitarlo en el perfil del contratante. Por todo ello desde UPL se piden respuestas inmediatas y no descartan recurrir a Fiscalía en caso de no obtenerlas.
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