El Ayuntamiento de León llevará al próximo pleno municipal la nueva ordenanza de la tasa de residuos, que ha sido elaborada por una consultora externa con la información facilitada por los servicios municipales con el objetivo de tener un documento que responda a la necesidad de cumplir las obligaciones legales de prestación de un servicio obligatorio, refuerza la seguridad jurídica y aplica con claridad las cuotas de cada propietario.
Así lo anunció este marts el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, quien presentó el nuevo documento a los grupos municipales de la Corporación Municipal y explicó que la finalidad de dicha ordenanza es cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales, conforme a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos, repartiéndolos entre toda la ciudadanía con criterios objetivos.
La tasa cubre exactamente el coste del servicio sin superávit ni déficit. Para ello, el Ayuntamiento de León parte de un estudio técnico y económico que sitúa el coste anual del servicio en 11,07 millones de euros, calculados a partir de los informes municipales y de la liquidación del convenio de tratamiento con la Diputación de León y descontando los ingresos asociados a la recuperación de materiales, que estiman en 6,03 millones el coste de recogida y en 5,04 el de tratamiento.
Para determinar las cuotas se han tenido en cuenta las exigencias de la legislación de residuos, el principio de "quien contamina, paga", los costes de gestión del servicio y el principio de capacidad económica.
Estos criterios se han organizado en dos componentes, cada uno con una función concreta. El primero es la tarifa básica, que contribuye a financiar la disponibilidad y el mantenimiento del servicio e incluye una cantidad fija de 24,73 euros al año y otra cantidad que depende del tramo de valor catastral del inmueble, entendiendo éste como criterio de capacidad económica y que se aplica un 0,066 por ciento de valor.
El segundo es la tarifa por generación, que distribuye una parte del coste según los residuos que se estima que puede producir cada inmueble, de forma que en las viviendas se consideran la superficie y el número de personas empadronadas, mientras que los comercios, oficinas y otros establecimientos, la superficie y el tipo de actividad. Esta separación permite entender el fundamento de cada parte del recibo, mientras que el valor catastral sirve para aplicar el criterio de capacidad económica y la superficie, los residentes y la actividad permiten estimar la generación de residuos.
El estudio incorpora también referencias técnicas sobre la generación de residuos de las distintas actividades económicas. Todo ello queda documentado para que se pueda conocer el origen de las tarifas y comprobar su aplicación.
La propuesta contempla, entre otras medidas, la bonificación del 50 por ciento para las familias numerosas en su vivienda habitual, acreditando anualmente la condición de familia numerosa, y la bonificación del dos por ciento por domiciliación bancaria, con el pago en dos plazos. Además, la nueva norma también regula situaciones específicas, como las viviendas cerradas sin suministros y los locales sin actividad.
"Queremos que los vecinos dispongan de información clara y por ello la ordenanza y el estudio económico recogen los criterios, las tablas de tarifas y los ejemplos necesarios para entender cómo se calcula la cuota que corresponde abonar por cada inmueble", afirmó Carmelo Alonso quien avanzó que el Ayuntamiento de León ofrecerá atención presencial, telefónica y electrónica para resolver dudas y orientar sobre las bonificaciones y reducciones aplicables.
Además, aseguró que la norma permite que cualquier ciudadano pueda saber qué paga, por qué lo paga y cómo se ha calculado y propone "un recibo medio de 94,91 euros en las viviendas, que incluye las tasas de recogida y tratamiento, lo que supone unos seis euros más que en la tarifa anterior, pero tiene en cuenta el número de residentes y la bonificación para familias numerosas".
El concejal de Hacienda también explicó que Esta la tasa sube por debajo del IPC, de forma que, al no haberse aplicado tasa en 2025, recoge un IPC de 7,1 por ciento, y la tasa se sitúa en un crecimiento del 2,7 por ciento para actividades y un 5,6 por ciento para recibos residenciales".
Finalmente, Alonso quiso dejar claro que la nueva tasa corrige situaciones "injustas" como locales cerrados que pagaban como abiertos, personas solas que pagaban como familias o bares que abonaban tasas como comercios. Además, trasladó que el Ayuntamiento de León ya ha iniciado los trámites para la devolución de los recibos cobrados en base a la anterior ordenanza anulada.
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