La intervención de UPL en el pleno de las Cortes celebrado este martes se ha centrado en la reclamación de medidas y acciones para que la Junta de Castilla y León cubra el puesto de Secretario en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. La procuradora Alicia Gallego, fue quien puso de manifiesto esta situación por la que pasa el tercer ayuntamiento más grande de la provincia, que "requiere de una administración municipal ágil y eficaz que no puede ofrecerse".
En una institución que encabeza desde el mes de junio UPL y que ha heredado “una situación económica agónica” por la mala gestión de los anteriores gobiernos del PP y del PSOE que dejaron una plantilla mermada en el número de efectivos necesarios. Así, en lo referente a la ausencia de secretario, la propia alcaldesa, Ana Fernández Caurel, ha reconocido que los únicos tres A1 que se disponen para cubrir esta vacante han renunciado a su nombramiento.
Gallego incidió en que la competencia para los nombramientos accidentales de este personal la tiene la administración autonómica que “se está poniendo de perfil y con excusas” que no hacen otra cosa que demostrar su actitud pasiva. “Estas consecuencias graves la sufren en el ayuntamiento y los ciudadanos porque parece que se les olvida que su política autonómica es para todos y con igualdad de trato”, reseñó.
En este sentido, recordó la petición de la alcaldesa para habilitar al funcionario en ese nombramiento accidental y pidió a la administración que "dejen de poner excusas que demuestran desinterés” y que avocan al ayuntamiento a graves consecuencias administrativas y económicas. Porque lo cierto es que pasa el tiempo y “continúa el bloqueo” y esta pasividad traerá consigo la pérdida de la subvención de 600.000 euros para las mejoras sociales y viviendas que necesita antes del 15 de este mes la firma del ARRU por parte del Secretario.
La procuradora leonesista advirtió que tampoco podrá aprobar el ayuntamiento la nueva ordenanza de gestión de los residuos para estar aprobada el 31 de diciembre y evitar la pérdida de 800.000 euros en liquidaciones de cobro. Asimismo, detalló que no se pueden pagar las nóminas de los 248 trabajadores, desarrollarse plenos, juntas de gobierno local o el pago a proveedores. “Pérdidas económicas por un inmovilismo de la administración autonómica”, sentenció.
Gallego puso de ejemplo a Astorga o Aguilar de Campo, municipios gobernados por el PP, donde funcionarios de grupo C1 con titulación en económicas pudieron realizar las tareas del Secretario. “Si han encontrado soluciones rápidas evitando los perjuicios de la falta del nombramiento de secretario accidental, esperamos que para San Andrés del Rabanedo también se aplique el mismo criterio, aunque no gobiernes ustedes”, concluyó.