En las primeras alegaciones de la organización, presentadas en el trámite de consultas a las personas interesadas, se pide el abandono del proyecto al considerarlo "incompatible con la protección de las aguas superficiales y subterráneas". El proyecto al que se ponen propone crear un "macrovertedero" de residuos industriales y peligrosos en la localidad leonesa de San Román de la Vega.
A través de un comunicado, la organización explicó que subsidiariamente ha solicitado que se paralice la tramitación del procedimiento hasta que se complete la documentación del expediente y comprenda los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el referido al riesgo de inundaciones requerido al promotor por este organismo, así como los que haya emitido la Confederación Hidrográfico del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León y los del Ayuntamiento de San Justo de la Vega y de la Diputación de León.
Igualmente, pide que se abra un nuevo periodo de información pública del expediente "completo", con un anuncio oficial que describa "adecuadamente" el alcance del proyecto ya que a juicio de Ecologistas el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BocyL) el 24 de julio no menciona la gestión de los residuos peligrosos.
También demanda que se tenga en consideración, por el órgano ambiental, el informe sobre la idoneidad hidrológica e hidrogeológica de la zona, realizado en 1999 por el CISC. Según Ecologistas, concluía desaconsejando la ubicación del Centro de Tratamientos de Residuos en San Román de la Vega y afirmaba que "el emplazamiento no ha sido convenientemente evaluado en cuanto a su situación hidrológica, hidrogeológica, geológica, geomorfológica y geotécnica".
Ahora, en la misma zona, denunció, se proyecta la construcción de tres grandes vertederos con capacidad para seis millones de toneladas de residuos industriales, incluso peligrosos, "lo cual nos parece una negligencia temeraria".
También aseguró que se actúa con "negligencia" poniendo a disposición del público un expediente "incompleto, en el que no se encuentran los informes emitidos por las administraciones implicadas y por organismos públicos de investigación". Además, señaló que el promotor no ha realizado ensayos de permeabilidad del terreno, y no ha aportado el estudio sobre riesgo de inundaciones requerido por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
"Sin estos estudios, no se puede garantizar que la barrera artificial de 0,5 metros de espesor, que se proyecta para los tres vertederos (incluso para el vertedero de RIPs), cumpla con las exigencias del RD 646/2020, que obliga a suplementar con barreras artificiales de más de cinco metros de espesor, la base y los lados de los vertederos de residuos industriales peligrosos cuando no exista barrera geológica natural, y el terreno no reúna las condiciones de permeabilidad necesarias para impedir la contaminación por lixiviados del suelo y las aguas superficiales y subterráneas. Recordamos que la autorización que llegara a otorgarse habiendo sometido a información pública el expediente incompleto, podría incurrir en nulidad de pleno derecho", concluyó.