La Junta ha iniciado el proceso para la ejecución de las obras de urbanización del complejo de energías renovables que abastecerá a la Red de Calor Sostenible de León. Esta intervención, que cuenta con una inversión de 6.322.403,99 euros más IVA, permitirá adecuar una superficie de 243.836 metros cuadrados situada al sur de la ciudad de León, entre los ríos Bernesga y Torio, próxima al cementerio municipal. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 14 meses.
Las actuaciones contempladas incluyen la creación de viales interiores, la conexión de servicios básicos (abastecimiento, saneamiento, iluminación, comunicaciones) y la ejecución del ramal de salida de la red de calor hasta el barrio de La Lastra, cruzando el río Torio mediante una pasarela de uso también peatonal. Asimismo, se mejorará el acceso al parque, los accesos y aparcamiento del cementerio, y se habilitará una nueva senda verde.
La red de calor sostenible de León es un proyecto energético y medioambiental que podrá abastecer de calefacción y agua caliente sanitaria a 28.000 viviendas y 150 edificios del sector terciario, además de generar hidrogeno verde para movilidad y usos industriales de la ciudad.
Permitirá a los usuarios ahorros en su factura energética, logrará una reducción de emisión de gases de efecto invernadero de 86.300 toneladas CO2/año, incrementará la independencia energética de la región y creará 120 puestos de trabajo estables directos e indirectos.
El parque contará con una central de generación con biomasa sostenible, una planta de producción de hidrógeno verde y una planta de energía solar fotovoltaica. Además, está previsto desarrollar en el complejo una planta de bombas de calor de alta eficiencia, que también pueda aportar energía al sistema. Desde el parque de energías renovables partirá una red de canalizaciones enterradas mediante tuberías de acero pre-aislado específicamente diseñadas para el transporte eficiente de fluidos, la cual se desplegará por fases a lo largo de la ciudad de León. En cada edificio conectado se instalará una subestación de intercambio, las cuales se ubicarán en las actuales salas de calderas. Su función es desacoplar hidráulicamente la red de calor y el circuito interno de cada edificio, así como transferir energía térmica del circuito externo a los edificios.
El proyecto tiene como objetivos principales ofrecer un servicio urbano de suministro centralizado de energía térmica tanto para edificios públicos como privados, lo que permite generar sinergias operativas y económicas. Además, se promueve la sustitución de energías fósiles por una alternativa renovable, sostenible y autóctona como la biomasa, favoreciendo el empleo rural, reduciendo la dependencia energética y contribuyendo a la prevención de incendios.
También se persigue una notable disminución de las emisiones de CO₂ de los edificios de León, alineándose con los objetivos de transición ecológica, junto con la digitalización y telegestión de la demanda energética para una gestión más eficiente.
Entre las ventajas para los futuros usuarios destacan desde la Junta la eliminación de equipos individuales de producción de calor y chimeneas, así como un ahorro y estabilidad en la factura energética. El sistema conlleva una reducción significativa en los costes de mantenimiento y renovación de calderas, mejora la calificación energética de los edificios, libera espacio útil, permite una mayor potencia cuando sea necesario y asegura una continua actualización tecnológica del sistema, añaden.
Oposición vecinal
Vecinos del barrio de Puente Castro, afectados por el proyecto, han entregado al Procurador del Común más de 2.000 firmas de rechazo al mismo. Argumentan que pueden provocar olores, contaminación, gases tóxicos, sustancias nocivas e incluso tener filtraciones por las tuberías que van a poner y contaminar el agua.
Además, protagonizan un calendario de movilizaciones que les ha llevado a manifestarse en su propio barrio, frente al Ayuntamiento de León y este mismo miércoles frente a la Delegación Territorial de la Junta. Aseguran que llegarán “hasta donde haya que llegar” en su intento de revertir la ubicación de una iniciativa promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y declarada Proyecto Regional, a la que se han presentado cerca de 300 alegaciones.
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